Demanda coalición a EU por caso de menores migrantes

MEXICO, DF, 16 de julio de 2014.- Una coalición estadounidense de grupos de derechos civiles presentó este miércoles ante las autoridades judiciales una demanda en contra de las autoridades migratorias de la administración del presidente Barak Obama, por considerar ilegal la presentación de niños  migrantes ante la corte sin abogado defensor, destaca la organización estadounidense Center for Public Integrity (CPI).

Las organizaciones demandantes interpusieron el recurso en la ciudad de Seattle en defensa de ocho menores de origen centroamericano de entre ocho y 17 años que han sido llamados a comparecer solos ante tribunales para iniciar su proceso de deportación, lo que viola tanto las garantías constitucionales del debido proceso como las leyes de migración, destaca (CPI).

CPI –organización civil independiente formada en 1989 con el propósito de “revelar abusos de poder, corrupción y traición de la confianza por instituciones públicas y privadas”– precisa que dos de los menores que fueron llamados a comparecer, hermanos de 13 años y 15 años de edad, vieron morir a su padre asesinado en El Salvador por pandilleros que se oponían a que mantuviera en operación un centro de rehabilitación en pleno centro de la capital salvadoreña, destacan los grupos de derechos civiles en su demanda.

Por lo general, «en los tribunales, el Departamento de Seguridad Nacional estará representado por un abogado capacitado que argumenta en favor de la deportación del niño, en tanto que en el otro lado de la sala del tribunal, ningún abogado estará con el niño», dice la demanda contra el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, el responsable de Seguridad Nacional, Jeh Johnson y otros funcionarios federales, destaca CPI.

En el sistema judicial estadounidense ni los niños ni los adultos tienen establecido el derecho a defensoría legal en los procedimientos migratorios, pero los abogados que defienden a los menores argumentan están protegidos por el debido proceso por la vieja ley de migración que establece el derecho a un juicio justo.

La demanda fue presentada por el Bufete Defensor Público, uno de los más prestigiados despachos de abogados sin fines de lucro, además de la Unión Americana por las Libertades Civiles, el Consejo Americano de Inmigración, de Washington, DC, K & L Gates y el Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste en Seattle.