Democracia sólo opera con transparencia y respeto a la privacidad: INAI

MÉXICO, DF., 21 de octubre de 2015.- Durante el foro La Privacidad en la Era Digital en México, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Universidad Iberoamericana, se insistió en que la democracia constitucional sólo puede operar en el marco de un Estado que sea transparente, pero muy respetuoso de la privacidad de las personas.

Se informó en un comunicado que en el panel La protección de la privacidad en la era de la vigilancia masiva, moderado por el comisionado del INAI Oscar Guerra Ford, el académico de la Universidad Iberoamericana, Diego García Ricci, manifestó que toda limitación al derecho a la privacidad debe estar prevista en Ley y tiene que ser lo suficientemente clara, precisa, accesible, de tal forma que todos puedan leerla y saber quién está autorizado a realizar actividades de vigilancia de datos y en qué circunstancias.

“La vigilancia reduce la privacidad y amenaza a la democracia, aunque la mayoría de las recolecciones de datos llevada a cabo por el Estado son justificadas en nombre de la seguridad nacional, la prevención del delito o el cumplimiento de la Ley, dichas recolecciones pueden ser excesivas o  desproporcionadas”, advirtió.

García Ricci dijo que los programas de vigilancia masiva amenazan los valores de una sociedad democrática porque la despojan de su capacidad para poner límites al Estado, la despojan de su privacidad, de su capacidad de decidir cuándo se quiere estar solo y cuándo se quiere participar con los demás, a través de la voluntaria divulgación de los datos.

Nelson Arteaga, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias  (Flacso México) dijo que en el pasado los estados totalitarios realizaban la vigilancia masiva para contener a la disidencia y mantener el control político. Sin embargo, en la actualidad, afirmó, las grandes corporaciones, vía las nuevas tecnologías, sustraen la información de las personas con fines comerciales.

“Y aquí lo importante es que la privacidad evidentemente a diferencia de la anterior se construye a partir de estos data doble; es decir, nosotros tenemos un doble informático en algún lado de la red, y ese doble informático es el que interesa de alguna manera a estas grandes empresas”, apuntó.

Irene Levy, presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana, sostuvo que con la reforma en materia de telecomunicaciones de 2014, en  los artículos 189 y 190 de la Ley en la materia, se incluye la obligación en los concesionarios para colaborar con las instancias de seguridad y de justicia para la geolocalización de personas, sin importar si se trata de delitos graves.

“La vigilancia reduce la privacidad y amenaza a la democracia, aunque la mayoría de las recolecciones de datos llevada a cabo por el Estado son justificadas en nombre de la seguridad nacional, la prevención del delito o el cumplimiento de la Ley, dichas recolecciones pueden ser excesivas o desproporcionadas”, advirtió.

García Ricci dijo que los programas de vigilancia masiva amenazan los valores de una sociedad democrática porque la despojan de su capacidad para poner límites al Estado, la despojan de su privacidad, de su capacidad de decidir cuándo se quiere estar solo y cuándo se quiere participar con los demás, a través de la voluntaria divulgación de los datos.

Laura Gurza Jaidar, directora general de Planeación y Análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), afirmó que frente a los enormes retos que aporta la era digital y la rapidez con la que evoluciona, se requieren marcos jurídicos adecuados.

“Sin duda que el desafío de la vigilancia masiva, de potencial violación a los derechos humanos, advierte a la sociedad mexicana y a todas las del mundo sobre la pertinencia de construir estos marcos jurídicos, aunque insisto en que difícilmente alcanzaremos el ritmo con el que evolucionan”, reconoció.

Concluido el panel, la comisionada Areli Cano Guadiana y el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, acompañados de autoridades del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, clausuraron el foro.