Denuncia PVEM sobornos en verificentros para alterar resultados

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de abril de 2016.- Ante la mala calidad del aire registrada recientemente en la Zona Metropolitana del Valle de México, la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Lázaro denunció la práctica común en los centros de verificación vehicular de la entrega y aceptación o dinero a fin de alterar los resultados de la prueba.

El coordinador parlamentario Jesús Sesma Suárez planteó endurecer las sanciones duplicando las penas a las personas que acepten dinero en los verificentros, tanto a los propietarios y trabajadores, como a los particulares que lo ofrezcan.

A través de un punto de acuerdo, los diputados ecologistas buscan combatir esta práctica, la cual argumentan se incrementa en la medida que se refuerzan las normas que restringen el uso de los vehículos particulares por los daños que causan al medio ambiente y a la salud de la población.

El líder del Verde lamentó el incremento dicha prebenda cuando en la actualidad, de acuerdo a las autoridades, la calidad del aire de la megalópolis solamente ha sido buena en 18 días en lo que va del año.

Refirió que de acuerdo a datos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en 2014 durante el segundo semestre, 16 de los 81 centros de verificación fueron clausurados y 18 personas fueron detenidas y procesadas. Lo mismo para el 2015, se clausuraron 11 de estos verificentros, sin precisar el número de personas detenidas o procesadas.

En lo que va de este 2016, informó que se han clausurado por esos mismos actos seis centros de verificación, así como la suspensión de 35 acreditaciones de trabajadores y revocación de 16 permisos más por manipular las pruebas.

Sesma Suárez apuntó que en 14 entidades federativas, pese a contar con un programa de verificación vehicular, en su marco legal no existe como delito la entrega, recepción, solicitud o cobro de una cantidad superior a la autorizada para lograr la aprobación de la verificación vehicular obligatoria.

La proposición del PVEM exhorta a las legislaturas de los estados a incluir en su catálogo de delitos la entrega, recepción, solicitud, o cobro de una cantidad superior a la autorizada oficialmente para que los usuarios de vehículos automotores aprueben la verificación vehicular.

Además, pretende que en las 16 entidades que ya contemplan en su marco normativo el tipo penal referido, se considere el incremento de las penas cuando menos al doble.