Denuncian ejidatarios imposición de basurero tóxico en Coahuila

MÉXICO, DF., 28 de julio de 2015.- Con violencia y engaños pretenden imponer un basurero tóxico en Coahuila, denunciaron este martes ejidatarios, habitantes del lugar y los sacerdotes Raúl Vera y Pedro Pantoja.

En conferencia de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los inconformes por la instalación de un Centro Integral para el Manejo de Residuos Industriales (Cimari), en General Cepeda, Coahuila, aseguraron que detrás del proyecto existen intereses empresariales y políticos.

Los sacerdotes Raúl Vera y Pedro Pantoja expresaron que en General Cepeda, uno de los municipios más empobrecidos de Coahuila, las autoridades federales, estatales y el empresario Daniel Calvert buscan imponer la construcción de un basurero tóxico.

Los activistas aseguraron que de concretarse el centro, de la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte -filial de Grupo Ecolimpio, una zona de tan sólo 200 kilómetros cuadrados contaría con tres instalaciones de este tipo, pues ya hay una en Mina, Nuevo León, y otra en Ramos Arizpe, Coahuila.

“Quieren hacerlo ahí porque es un pueblecito incomunicado y ellos piensan que también indefenso”, señalaron.

De acuerdo con información del Manifiesto de Impacto Ambiental concedido, en este basurero tóxico se confinarían metales pesados y lodos impregnados con hidrocarburos, a tan sólo 2.5 kilómetros del poblado más cercano.

Los denunciantes afirmaron que entre las afectaciones a los 6 mil habitantes más próximos al proyecto, prevén la dispersión de tóxicos por aire, al ser una zona de viento; la contaminación del agua, incluyendo a la presa El Tulillo, en una zona semidesértica en la que los poblados dependen del abastecimiento de pozos artesianos.

Destacaron también el surgimiento de enfermedades por contaminación que los campesinos no tendrían capacidad de afrontar económicamente, y la pérdida de valor de las tierras y un consiguiente desplazamiento, pues de acuerdo con Martín Torres, “ya nadie querría invertir en donde hay un confinamiento tóxico”.

Sobre los permisos que la empresa obtuvo, señalaron que fue a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “en lo oscurito”.

De la misma forma le fue otorgado el cambio de uso de suelo municipal; está pendiente el permiso de construcción municipal y la empresa pasó por alto la consulta previa que debe hacer, indicaron.

“Dudamos que el MIA (Manifiesto de Impacto Ambiental) y el resolutivo de la Semarnat cuenten con los estudios técnicos que la ley exige”, sostuvo José Luis García Valero, habitante de la zona.

Los ejidatarios lamentaron que México no cuente con regulación estricta sobre residuos tóxicos ni con funcionarios competentes y honestos, además de que por la corrupción existente “lo que hay queda en letra muerta”, valoró García Valero.

El abogado y político Jesús González Schmal, originario de Coahuila, sostuvo que mientras los campesinos resisten desde su territorio, desde la defensa interpusieron recursos legales para intentar detener el tiradero tóxico.