Denuncian escasa ayuda de la SRE a ecologista mexicano en Honduras

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de abril de 2016.- La Red Mexicana de Afectaciones por la Minería (Rema) acusó a la poca ayuda del Gobierno mexicano para que el activista Gustavo Castro Soto regresara a México, después de haber sido detenido en Honduras de manera ilegal por el asesinato de Berta Cáceres.

En conferencia de prensa, Miguel Ángel Miganjos, representante de la Rema, aclaró que los comunicados de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no reflejan lo sucedido, ya que el gobierno mexicano no fortaleció el trabajo diplomático ni jurídico para que se lograra la implementación del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua.

“Gustavo sale de Honduras sin tratado alguno porque la SRE desde México fue incapaz de presionar al gobierno hondureño para su implementación (del Tratado), así como dos de las tres reuniones que sostuvimos con ellos, siempre nos manifestaron que era prioritaria la diplomacia, a pesar de que siempre les manifestamos que no era correcto que se hablara de diplomacia cuando los sucedido a Gustavo estaba relacionado con la violación de sus derechos.

“La comunicación por parte de la SRE en México estuvo circunscrita a tres reuniones presenciales, una primera para definir la ruta de trabajo, la segunda reunión para que nos mostraran los avances de sus gestiones, mismas que nunca pudimos corroborar por medio de ningún documento o minuta de trabajo y la tercera reunión se realizó en el marco de la negativa rotunda por parte de la canciller Claudia Ruiz Massieu, quien por motivos de agenda fue incapaz de recibir a la familia de Gustavo”, leyó Miganjos.

Resaltó que la negativa de la funcionaria reflejó su poca sensibilidad y la especulación sobre sus diferentes formas de actuar, incluso hizo mención de su pronta reacción para integrantes de su partido político para liberarlos de la justicia española casi de manera inmediata.

También desmintió que la supuesta comunicación entre las autoridades mexicanas y hondureñas refleje el excelente estado de las relaciones entre ambas naciones y la pertinencia del marco jurídico, como lo aseguró la dependencia federal en sus comunicados en semanas anteriores.

“Reiteramos que la retención de Gustavo estuvo siempre enmarcada en la incertidumbre, opacidad e ilegalidad de la actuación del gobierno hondureño, por lo tanto fue una acción violatoria de sus derechos humanos que le acrecentó daños psicológicos.

“La pertinencia del marco jurídico entre ambas naciones nunca fue instrumentada, el tratado bilateral de asistencia mutua es como si no existiera y la SER no tiene documentos que hagan valer ese supuesto excelente estado de las relaciones entre ambos países, porque nunca nos entregaron un solo oficio de respuesta del gobierno hondureño a pesar de las peticiones que realizamos para ello”, sentenció.

Por su parte, Castro Soto se remitió en agradecer el apoyo de diferentes organismos y personas que estuvieron al pendiente de su situación en el país centroamericano, así como de la familia de Berta Cáceres y sus abogados que se mantuvieron muy atentos en las resoluciones judiciales.

Insistió en que no puede dar mayores informes debido a que la investigación del homicidio de su compañera activista se mantiene en curso.

“Agradezco a la familia de Berta, sus hijas, con el pueblo de Honduras que se encuentra en un estado de completa indefensión, no solamente es una situación que se da en Honduras, si no en toda América Latina y muchos otras naciones. La violación de los derechos humanos a los pueblos indígenas es un ejemplo más de cómo las trasnacionales defienden sus grandes intereses, la actividad extractiva que están involucrados en la criminalización.

“No estoy en condiciones, quisiera que me entendieran en esta parte, además de que sigue el proceso de investigación, por lo que no se ha finiquitado, me es difícil decir mucho más allá a eso, así como fue la situación en la embajada y por eso necesito tiempo”, subrayó el activista.

A principios de marzo de este año se registró el asesinato de la activista Berta Cáceres en Honduras, el mexicano Gustavo Castro estaba en el lugar de los hechos y se salvó al esconderse en la casa donde se hospedaba, por lo que la justicia centroamericana decidió impedirle su salida del país, ya que necesitaba aportar información para esclarecer el caso.