
Carlota y 2 más, ya en prisión por 2 cargos
MÈXICO D.F., 29 de julio del 2014.- Organizaciones y comunidades campesinas e indígenas de la región de La Huasteca, en Veracruz e Hidalgo, respectivamente, denunciaron una serie de presuntos atropellos de los que han sido presa, pues denuncian que sus tierras se encuentran encima de zonas donde existen mantos petrolíferos o de gas natural.
Si anteriormente, expusieron, el Gobierno federal tenía la posibilidad de expropiar nuestras tierras comunales, ahora, con la inminente aprobación de las reformas energéticas en la Cámara de Diputados, será un absoluto despojo el que viviremos, expusieron varios de los denunciantes, en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, de esta capital.
El Presidente del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Oriental de las tres Huastecas, Pedro Hernández, informó que su organización cuenta con un listado de por lo menos “200 personas asesinadas” a causa de defender sus tierras, en el estado de Hidalgo.
Asimismo explicó que la preocupación más grande que prevalece entre las comunidades indígenas y campesinas hidalguenses, es que con la próxima aprobación de la reforma energética, el Gobierno Federal los despojará de sus tierras.
“Con la imposición de las reformas, estamos hablando de los despojos. Desgraciadamente tenemos petróleo, grandes extensiones de tierras que van a ser expropiadas o ya están expropiadas. Después de las tomas de tierras, el gobierno expropia una gran extensión de tierra en la Huasteca porque ya actualmente ya no son ejidos ya son propiedad de la nación. Ya nada más falta que nos digan que nos dan 24 horas para irnos”.
Por su parte, Alejandra Jiménez de la Comunidad de El Chote, del municipio de Papantla en Veracruz, explicó que varias de las tierras de su localidad han sido expropiadas sin consulta alguna, “y sin tomarnos en cuenta como pueblo que somos; sin tomar en cuenta nuestra palabra y nuestra relación con la tierra”.
Las afectaciones de Pemex y de empresas trasnacionales tienen más de 15 años en nuestra región y esto afecta nuestra vida comunitaria, explicó. Ahora, prosiguió, hay presencia de delincuencia organizada que anteriormente no había, hay prostitución, y el tejido social se ha ido desmembrando, además de daño al medio ambiente que ha sido devastador.
En ese sentido, continuó, aunque en reiteradas ocasiones han intentado dialogar con autoridades de Pemex, éstos sencillamente no les interesa el diálogo.
“Siempre somos tratados como inferiores, y siempre nos miden a través de la dádiva, entonces en lugar de darnos una respuesta resolutiva, que realmente proteja nuestra vida y a nuestra comunidad y a nuestro territorio, a lo que recurre Pemex es a regalarnos, nos regala una escuela, un campo de juego, un clínica, un camino, etc, y no hay nunca un espacio de diálogo”.
*ACUSAN A MINERA AUTLÀN DE ENVENENAR A LA POBLACIÒN
Diana Mata de la Organización Ecoconi, denunció por su parte, la severa contaminación y atropellos que desde hace varios años realiza la minera Autlán, dedicada a la extracción de manganeso, en la comunidad de Naoapa, en Hidalgo. Esta mina, explicó, opera a cielo abierto, lo que ha provocado contaminación en toda la región, y ya afectó a nuestros “bosques, ríos y lagos”.
Sin embargo lo peor, prosiguió, es que con base en los resultados de estudio hecho por el doctor Horacio Riojas, del Instituto de Salud Pública, se concluye que “la exposición al manganeso afecta a infantes en el área neurológica; esto quiere decir que su memoria a corto plazo se va a ir viendo dañada”. Esto desde luego ha generado mucha preocupación entre nuestra población, sobre todo, expuso, por el evidente desinterés de las autoridades locales y estatales.
Aunque algunas personas de la comunidad han intentado interponer demandas contra la Minera Autlán, ésta ha comprado a quienes tratan de demandarla o en su defecto, ha creado grupos de choque para someter a la población inconforme.
“Que les iban a construir una carretera, que les iban a hacer instalaciones para que tuvieran más agua; les dan recibos de gas, les compraron uniformes de basquetbol y luego enseñaron facturas de 200 mil pesos por uniformes.
«Crearon un grupo de choque y les pagan a esas personas, que no van a trabajar a la empresa se encargan de mantener a su vez de mantener al pueblo quieto para que nadie diga nada”.
Finalmente las organizaciones presentes hablaron sobre su denuncia interpuesta ante el Tribunal Permanente de los Pueblos región México, sobre las injusticias que viven cada uno de sus pueblos, con el propósito de reivindicar el derecho de decidir de manera colectiva cómo desean que sea la vida en comunidad.