Denuncian presuntos desvíos de recursos en la UOM

MÉXICO, DF, 17 de julio de 2014.- Profesores y trabajadores de la Universidad Obrera de México (UOM) que en mayo pasado denunciaron la falta de pago y pidieron transparencia en el manejo de los recursos fueron despedidos «de manera injustificada», denunciaron hoy en conferencia de prensa, así como el presunto desvío de recursos por parte de quienes están al frente de esa institución.Entre el 30 de junio y el 4 de julio media docena de trabajadores fueron despedidos acusados de conspirar para destituir a los directivos pero, denunciaron, en realidad fue «por pedir información sobre el destino del presupuesto que la Secretaría de Educación Pública (SEP) entrega a la institución, el fin de los contratos de protección y el cese del acoso laboral».

Los afectados señalaron directamente a Vicente Silva Lombardo, presidente de la asociación civil que dio origen a la UOM, y a Guillermo Lezama Espinoza de los Monteros, director de la universidad, de responsables de su despido y de presunto desvío de recursos a través de empresas de su propiedad (Hacienda San Andrés Hotel-Spa e Impresiones Precisas Alfer, S.A. de C.V., respectivamente), que aparecen en reportes contables en su poder como beneficiarias de contratos con ganancias de decenas de miles de pesos mensuales.

A ello se suman otras irregularidades que involucran a funcionarios de la SEP y al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Obrera, José Luis Salazar, a quien calificaron de haber actuado como el “alfil” de los directivos, al facilitar el despido de los docentes.

También acusaron que las decenas de trabajadores que continúan laborando en la UOM fueron obligados a firmar un documento en el que se les acusa a ellos como incitadores de un movimiento para deponer a los directivos bajo amenaza de perder su empleo.

Los profesores investigadores de la UOM demandaron a la autoridad federal que cumpla con su deber de vigilar el correcto uso de los recursos, así como medidas cautelares debido al acoso de que han sido víctimas por parte de los funcionarios de la institución y la reinstalación en sus puestos de trabajo.

Informaron que ya entregaron las pruebas con que cuentan a la Cámara de Diputados para su canalización a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como documentos a la SEP, la subsecretaría del ramo (Educación Superior) y a la propia Presidencia de la República, además de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Insistimos en que se transparente el manejo de recursos, que los organismos oficiales competentes lleven a cabo una auditoría y, de encontrarse motivos, se proceda legalmente contra quienes resulten responsables.