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MÉXICO, D.F, 29 de Mayo de 2015.- El Oficial Mayor del DF, Jorge Silva Morales, confirmó este viernes que como resultado de las investigaciones realizadas sobre el caso, el inmueble que actualmente renta Marcelo Ebrard Casaubón, en Plaza Río de Janeiro número 46, sí constituyó parte del patrimonio de la Ciudad de México, lo que echa abajo las declaraciones del ex mandatario capitalino quien asegura que el dueño de este inmueble es un particular.
En las indagatorias solicitadas por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, prosiguió el Oficial Mayor, también se detectaron irregularidades en la terminación de la compra-venta en la que no se entiende por qué se devolvió tal inmueble al propietario Jorge Saldaña, cuando el Gobierno capitalino había pagado cerca del 96 por ciento de su valor a esa persona.
“La devolución del inmueble se hizo sin contar con la aprobación del subcomité y del comité de patrimonio inmobiliario”, expuso.
Por lo anterior y desde este momento, informó el Oficial Mayor, este caso pasa a la Contraloría General del Distrito Federal, a efecto de determinar posibles sanciones contra ex servidores públicos.
“Resulta aplicable dar vista a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal para que se realicen las investigaciones a efecto de determinar la posible sanción de responsabilidades administrativas de servidores públicos”.
En conferencia de prensa, el Oficial Mayor explicó que este inmueble, ubicado en la colonia Roma, perteneció durante más de 24 años, primero al Departamento del Distrito Federal y después al Gobierno del Distrito Federal.
“Se tuvo en propiedad el inmueble y se ejerció sobre éste actos de dominio y de pleno derecho, como fue el otorgamiento a terceros del uso y aprovechamiento del inmueble de referencia”, dijo.
Antecedentes
En recientes entrevistas Marcelo Ebrard, negó reiteradamente que ese inmueble haya formado parte del patrimonio del Gobierno del DF, tras afirmar que en 2011 se le regresó a su dueño, al no concluirse un pago de compraventa.
Sin embargo el Oficial Mayor aseguró que “sí existió una compra-venta perfecta, obligatoria y el Gobierno del Distrito Federal realizó actos de dominio sobre el citado inmueble”, remarcó.
En 1987 “el entonces Departamento del DF efectuó pagos como parte del precio fijado. El primero por la cantidad de 27 millones 982 mil viejos pesos. Y el segundo por la cantidad de 3 millones de viejos pesos, representando así un 94.2 por ciento del pago total” quedando un pago pendiente cercano al 5.8 por ciento.
Ante este escenario, “la venta fue perfecta y obligatoria para las partes, toda vez que se convino sobre el precio y se entregó”. Y tras este pago, abundó el entonces Departamento del Distrito Federal “siempre se ostentó como titular de ese inmueble”.
Lo curioso es que “con fecha de 11 de febrero de 2011 fue firmado un convenio de terminación de contrato de compra-venta, por el cual la parte vendedora, restituyó al Gobierno del Distrito Federal, la cantidad de un millón 64 mil 937 -actuales pesos- que correspondía al monto actualizado de los dos pagos hechos por motivo de compraventa” de 1987. Y se devolvió dicho inmueble a su anterior propietario, tras argumentar que no se hizo el pago total del inmueble (aunque sólo se adeudaba el 5 por ciento del total)
Ante estos hechos, el Oficial Mayor precisó que esto fue una ilegalidad.
“De acuerdo a la normatividad existente todo servidor público, para suscribir documentos y emitir actos relacionados con el patrimonio inmobiliario del DF, debe obtener previamente validación del Subcomité de Análisis y Evaluación, y del Comité del Patrimonio Inmobiliario” y esto, desde luego no se llevó a cabo.
Por ende, prosiguió “no es práctica legal ni común desincorporar patrimonio alguno del Gobierno sin antes obtener la aprobación del citado comité”, por lo que este caso pasa a la Contraloría a fin de investigar y dar con posibles actos de ilegalidad.