Inminente, desaparición de INAI, Conejal, Cofece, IFT, Mejoredu y CRE
MÉXICO, DF., 27 de octubre de 2015.- El PRD saluda la decisión de cuatro ciudadanos de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) de acudir a las instituciones para reclamar su derecho como personas adultas a cultivar marihuana, para proveerse sin afectar a terceros, sin acudir al mercado negro y sin comercializarla.
Se informó en un comunicado que el proyecto de sentencia del Ministro Arturo Zaldívar reviste gran trascendencia al establecer que el modelo actual prohibicionista conculca el derecho al «libre desarrollo de la personalidad», el cual está vinculado a los de la autodeterminación y dignidad humana, y dar la razón a los quejosos. Con ello confirma su convicción garantista y reivindica la centralidad de los derechos humanos en nuestro marco constitucional.
Reconocer el derecho de los quejosos a auto proveerse de marihuana no significa promover su consumo, pero sí hace ver la criminalización de usuarios como autoritaria e inconstitucional. En este sentido, de aprobarse el proyecto de sentencia del Ministro Zaldívar, la desastrosa estrategia de guerra contra las drogas escalada en el sexenio anterior y continuado en el actual perdería piso jurídico y se allanaría el camino para un indispensable cambio de paradigma en la política de drogas en México.
El prohibicionismo ha sido incapaz de evitar que la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales en México se incremente año con año, lo cual sigue beneficiando a los cárteles de las drogas, que basan sus inmensas ganancias en la existencia de un pujante mercado negro que carece de controles y no tiene otra finalidad que el lucro. Los usuarios no pueden tener certeza de la calidad de lo que consumen ni de saber si la sustancia está adulterada o si contiene elementos más tóxicos. No sólo las libertades y la seguridad han padecido los contraproducentes efectos de la guerra contra las drogas, también la salud pública.
Basado en amplia literatura científica, Zaldívar, expone que las consecuencias de la marihuana son «menores o similares» que las que produce el alcohol y el tabaco, y aquellas provocadas por consumo «excesivo y crónico» son «reversibles». Y establece que los riesgos son mayores en el caso del consumo entre menores de edad o de conducir bajos sus efectos por lo que la regulación sería una forma más idónea que la prohibición para reducirlos. Sin embargo, establecerla sería una labor que le correspondería al Congreso, así como de modificar los artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal que, en caso de aprobarse el proyecto de sentencia, serían declarados inconstitucionales.
El PRD, resaltó, no ve contradicción entre garantizar derechos y libertades con proporcionar mayor seguridad a los mexicanos. De hecho, el prohibicionismo ha generado una espiral incontenible de violencia que, según la ONU, han significado 153 mil muertes y 26 mil desaparecidos desde el 2006, y nuestros jóvenes nunca han corrido tanto peligro como ahora, tanto por la violencia criminal como por la represión policiaca. El terrible daño al tejido social que se ha ocasionado hace más vulnerables a las comunidades afectadas de caer en el abuso de drogas legales e ilegales. Por eso es que llamamos a las demás fuerzas políticas a que trabajemos juntos para construir una alternativa al modelo prohibicionista que garantice el respeto a los derechos humanos.
Los recursos que se liberen cuando se cambie el paradigma punitivo deberán usarse para promover la prevención con educación, información, campañas de concientización, así como para políticas de desarrollo social que abran opciones educativas, laborales, deportivas y culturales a los jóvenes. También para poder atender adecuadamente en el sistema de salud a las personas que necesiten atención por su consumo problemático. Eso sería mucho más efectivo que seguir financiando a la fallida guerra contra las drogas. Después del fallo de la Corte, que esperamos sea favorable al proyecto del Ministro Zaldívar, el Congreso de la Unión deberá avanzar en la regulación del cannabis y en la descriminalización de los consumidores de drogas.