Origen de crisis en México, mucho antes de casos Iguala y Tlatlaya: ONU

MÉXICO, DF, 22 de enero de 2015.- El representante en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, aseguró que la crisis que atraviesa México viene más desde mucho antes de los sucesos de Iguala y es consecuencia de que en cada desaparición forzada, en cada ejecución extrajudicial, tortura y violaciones a los derechos humanos, no se actuó con prontitud.

“No detectamos que la continuidad de nuestra inacción, la inhabilidad que tuvimos para ponernos de acuerdo, la carencia de identificación de las casusas de los problemas que nos aquejan, simplemente fueron pasadas a una oportunidad posterior”, dijo el representante internacional.

Durante el último día de Audiencias Públicas que se llevan a cabo en el Senado de la República para analizar el sistema de competencias en materia penal de las iniciativas presidenciales, Hernández Valencia, acentuó que pese al escenario que se vive en el país a casi dos meses de la presentación del decálogo presidencial ‘Por un México en Paz, con Justicia y Desarrollo’, aún se está a tiempo de destrabar todas esas inercias y lograr, legislativamente al menos, el punto de partida para iniciar el cambio de la situación.

Al respecto, puntualizó que deben incluirse nuevos preceptos en la ley que se genere a partir de las audiencias, tales como la desaparición forzada como un delito autónomo; la creación de un procedimiento específico de búsqueda de la persona desaparecida, con la participación de familiares de las víctimas; establecer un registro nacional de personas desaparecidas forzosamente, que garantice que los familiares, abogados, defensores de los derechos humanos y cualquier otra persona interesada, tenga pleno acceso a este registro.

Además planteó permitir la declaración de ausencia como consecuencia de la desaparición forzada; asegurar la plena protección y apoyo de los familiares de las personas desaparecidas y de los testigos; y garantizar el derecho a una reparación integral”.

Por su parte, Santiago Corchera del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, solicitó precisar en la nueva legislación una prohibición expresa a que ningún mandatario federal en ningún momento y bajo ninguna circunstancia pueda hacer uso del as fuerzas armadas para actividades de seguridad pública.

“Háganos a los mexicanos ese favor, aunque no sea de la noche a la mañana, pero expidan una ley donde en algún tiempo razonable, quede por fin y para siempre prohibido que el poder ejecutivo pueda utilizar a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública”, aseveró Corchera.

Por último, sobre la creación de la Ley General de Tortura y Desaparición Forzada, llamó a retomar el estatuto de Roma e incluir los delitos contra la humanidad que se mencionan en el Tratado Internacional como la ejecución arbitraria y tortura, concluyó el funcionario de la ONU.