Desacata Conagua orden de la SCJN  de parar Presa El Zapotillo

MÉXICO, DF, 3 de junio de 2014.- Cerca de 45 mil habitantes de las comunidades de Tecamapulín, Acasico, Palmarejo y toda la región de Altos de Jalisco resultarán afectados por la construcción de la Presa El Zapotillo impulsada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato.

Con las evidencias que lograron reunir, los integrantes de la Auditoria Popular a la Presa El Zapotillo desmintieron que la presa vaya a garantizar el consumo de agua potable a la ciudad de León, a la zona metropolitana de Guadalajara o de la región de Los Altos de Jalisco, como se ha dicho.

Acusan, en cambio, que el proyecto de esta nueva presa obedece a intereses privados y empresariales del estado de Guanajuato, interesados en obtener abasto del vital líquido para las empresas de la zona industrial de esa entidad.

Según el informe de especialistas académicos y organizaciones civiles como Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), la presa El Zapotillo inundará más de 4 mil 500 hectáreas de tierras fértiles, con lo que la soberanía alimentaria, producción agrícola y acceso al agua de los residentes de Tecamapulín, Acasico y Palmarejo se encuentra en riesgo.

Las comunidades de Jalisco también han denunciado el riesgo de desalojo forzado, pues acusan al gobierno de Jalisco de enfrentar presiones y hostigamiento a través de la procuradora social, Felícitas Velázquez Serrano y la Conagua, quienes mediante el ofrecimiento de dádivas piden su reubicación, afectando su derecho a la vivienda y a no ser desplazados.

Por otra parte, la Presa El Zapotillo tiene ostensibles faltas técnicas y administrativas, además de que viola las garantías individuales de los ciudadanos, al concebir el agua como un objeto físico y no como un derecho humano.

Los críticos del proyecto manifestaron su preocupación de que El Zapotillo mantenga la proyección de altura de 105 metros, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó, con la sentencia 93/2012, la suspensión de los trabajos al llegar a los 80 metros de altura.

Mediante un informe, la Auditoría Popular demanda al presidente Enrique Peña Nieto demostrar voluntad política para cumplir con las órdenes judiciales, respetar los derechos humanos y la sustentabilidad, dejando de lado la política extractivista que tiene consecuencias irreparables al medio ambiente y los derechos de los pueblos.