Capturas en Edomex, contra red de apoyo municipal a delincuencia: SSPC
MÉXICO, DF, 22 de enero de 2015.- Los diputados Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, y René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, han desdeñado su participación en las reuniones del Grupo de Trabajo plural con autoridades competentes a fin de coadyuvar en las investigaciones del caso Tlatlaya.
En conferencia de prensa, la diputada del PRD Elena Tapia Fonllem, coordinadora del grupo, confirmó a Quadratín México de un promedio de tres o cuatro diputados los que han participado en los trabajos más activamente que otros.
Al obtener el Informe preliminar de actividades sobre los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, la lista de asistencia exhibe que tanto Huidobro González y Fujiwara Montelongo no han atendido ninguna de las reuniones con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Así como los dos encuentros sostenidos con la Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Gobernación (Segob) y Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En tanto, el diputado del Verde Ecologista, Ernesto Núñez Aguilar, tras su asistencia en la primera reunión con el Alto Comisionado no ha acudido a las demás.
De igual manera, Alberto Díaz Trujillo (PAN), sólo participó en la segunda reunión de trabajo con mandos de la Sedena.
Por el contrario, los que han tenido mayor intervención sobre las investigaciones de la presunta ejecución extrajudicial de 22 personas por parte de elementos militares, son Miriam Cárdenas Cantú y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del PRI; Loretta Ortiz Ahlf, del PT; y todas las reuniones han sido coordinadas por la diputada Elena Tapia Fonllem, del PRD.
Paradójicamente, la perredista anunció que aún faltan más reuniones con la PGR, Sedena y el Gobierno del Estado de México, sin embargo denunció que las tres instituciones han reservado información sobre el caso Tlatlaya ante las solicitudes ciudadanas y de los mismos legisladores federales, encubriendo elementos que dificultan la búsqueda de la verdad.