Transparencia, el reto de la transición al Inegi y la reforma necesaria
MÉXICO, DF, 4 de noviembre de 2014.-Con 44 votos a favor, 40 en contra, el Pleno del Senado declaró improcedente la petición de Consulta Popular, solicitada por senadores de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en la que proponían la expedición de una Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con la que se pretendía regular los salarios de los funcionarios y reduce 50 por ciento el que actualmente perciben el presidente de la República y altos servidores públicos de la Federación.
Esto luego que los integrantes de la Comisión dictaminadora concluyeron que las remuneraciones de los servidores públicos son esencialmente parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, de tal manera que al estar contenidas en este documento deben ser consideradas, dicha materia no puede ser consultada, ya que se pondría en riesgo el financiamiento público y el cumplimiento sus fines y propósitos.
Además de que apenas el 24 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución, cuyo eje principal es que los Poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno cuenten con un régimen de remuneraciones equitativo, igualitario y transparente, que brinde certeza al ejercicio del gasto público, a fin de evitar arbitrariedad y el abuso en la determinación de los ingresos.
En este sentido, se verificó que de los 31 estados y el Distrito Federal, 19 cuentan con adecuaciones a sus constituciones locales, siete cuentan con una ley o reglamentación específica para regularlo y cuatro no cuentan con una ley o reglamentación que regule lo establecido en la ley 127 de la Constitución, por lo que no resulta viable que se consulte a la ciudadanía sobre la expedición de una ley reglamentaria del artículo 127 constitucional, en tanto que es ya una obligación propia del Congreso de la Unión establecida por el poder constituyente.
Ante dicha negativa, el Senado de la República exhortó a la Cámara de Diputados a someter a discusión en los términos reglamentarios ante el Pleno de la misma, la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por esta Cámara de Senadores el 8 de noviembre de 2011, aún pendiente de aprobación.
Por su parte el senador Zoé Robledo Aburto, del PRD, aseguró que el esquema de remuneraciones en el país abona a la desigualdad y la interpretación de la SCJN no está bien enfocada porque se evita la participación de la ciudadanía en actos y temas que implican aspectos de ingresos y egresos de la Federación.
“Pareciera que el Senado en su posición, ingresos y prestaciones mantiene a los senadores en una burbuja que aleja cada vez más de los representados, de la experiencia cotidiana de la sociedad y que impide entender los desafíos que enfrentan los mexicanos, por ello, retó en un desafío social, a un senador, diputado, gobernador, funcionario público de cada partido, o presidente municipal, para que vivan una semana con el salario mínimo 471.3 pesos durante una semana”, encaró el legislador.
El senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, criticó que se rechace el dictamen y la resolución de la Corte de oponerse a la consulta popular, ya que dijo, “todos” los asuntos están relacionados con los ingresos y egresos, y con temas de derechos humanos, rechazarla hace prácticamente inoperante la consulta popular como mecanismo de participación directa de los ciudadanos”.
Por último, el senador Manuel Bartlett Díaz, del PT, arremetió contra la decisión de la Suprema Corte de desechar todas las consultas populares solicitadas por los partidos políticos y apuntó que la SCJN que no cumple con su responsabilidad, que en lugar de exigir al Congreso el control de constitucionalidad a través de argucias, no lo hace, y se suma al Ejecutivo, que junto con Legislativo responden a una clara dictadura en el país.
Luego de un debate de poco más de dos horas, el presidente de la Mesa Directiva, José Rosas Aispuro, ordenó archivar como totalmente concluido el asunto de la petición de consulta popular suscrita por senadores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, relativa a la expedición de una Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 127 Constitucional.