Desplazamiento forzado, sin legislación en México

MÉXICO, D.F, 6 de junio de 2015.- El fenómeno desplazamiento forzado interno cada día se profundiza en muchos países del mundo, México no es la excepción en casos de personas obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia.

Sin embargo, en el país no se cuenta con un marco jurídico que reconozca la condición de la población desplazada ni con políticas públicas que permitan atender a las víctimas por sus necesidades de asistencia, protección, reintegración, resarcimiento y restitución de sus derechos por esta situación.

La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados urgió a atender el problema y legislar en la materia tal como se ha hecho en casos de protección a menores y sobre la desaparición forzada en el país.

En su carácter de presidenta de la comisión, la diputada del PRD Amalia Dolores García Medina, arguyó que el problema se ha agudizado por la aparición de nuevas causas de desplazamiento relacionadas, sobre todo, con la violencia y el crimen organizado que impactan principalmente en el sector de los jóvenes.

En consecuencia, la legisladora plantea una reforma constitucional a fin de que el Estado y los tres órdenes de gobierno garanticen la seguridad y restitución de los derechos de las personas que por los efectos de, o para evitar situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, catástrofes naturales o las provocadas por el ser humano, sean desplazadas de su lugar de residencia en México.

Desde hace 17 años, a partir del 23 de abril de 1998, una iniciativa de Ley General para Personas Desplazadas Internamente se encuentra atorada en la Cámara de Diputados; desde entonces se han propuesto al menos otras tres iniciativas para saber el número de personas en estas condiciones que hay en el país y reconocer la figura de desplazado interno.

“No contamos, al menos públicamente, con cifras confiables ni datos de ubicación ni de necesidades que estas personas presentan y, consecuentemente, con políticas adecuadas”, refirió Amalia García sobre el tema.

La legisladora enfatizó que el problema no sólo no se ha atendido, sino que se ha agudizado por los problemas de seguridad y violencia generalizada en vastas regiones del país, desde el inicio del anterior sexenio y hasta ahora, con graves consecuencias para miles de familias, violentando sus derechos humanos, así como en lo social, económico y cultura.

“Es urgente dar los pasos necesarios para garantizar seguridad y un conjunto mínimo de derechos a las personas que han sido desplazadas, forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia para evitar los efectos de violencia generalizada o violaciones a sus derechos humanos”, subrayó la perredista.

De acuerdo al reporte emitido por el Centro de Vigilancia de Desplazados Internos en 2014, en México existen alrededor 281 mil 400 desplazados internos, debido a la violencia ligada al tráfico de droga; pese a esto, el gobierno mexicano todavía no reconoce oficialmente el fenómeno.

Según el organismo con sede en Ginebra, la violencia criminal en el país ha causado el desalojo de al menos nueve mil personas en 2014, en 10 estados del país, donde los traficantes de drogas y otros grupos criminales son responsables de miles de muertes y secuestros de civiles, y de sembrar terror a poblaciones.

La mayor causa del desplazamiento en México y en el triángulo centroamericano de Guatemala, El Salvador y Honduras, es la violencia criminal vinculada al tráfico de drogas y a las actividades de pandillas urbanas como los Maras; estos países junto con Colombia, tienen 19 de 50 ciudades con el mayor índice de criminalidad del mundo, indica el documento.

“Se trata de las peores cifras de desplazamientos forzados en una generación, lo que pone de manifiesto nuestro fracaso absoluto para proteger a civiles inocentes”, señala.

A finales del año pasado, al menos siete millones de personas se encontraban en esa situación en toda América, 12 por ciento más respecto al 2013, donde Colombia tiene el récord con seis millones de personas, cerca del 12 por ciento de su población total.