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CIUDAD DE MÉXICO, 14 de abril de 2016.- En celdas donde deben convivir cuatro internos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detectó, en general, hacinamiento de hasta 30 personas, en su visita a 130 centros penitenciarios estatales, varoniles, mixtos y femeniles, de los 359 que existen en México.
En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 enviado por el organismo defensor a la Cámara de Diputados, observó una población total —al día de la supervisión— de 194 mil 977 presos, 87 por ciento del total de la población recluida en centros estatales, donde persiste sobrepoblación por una deficiente distribución, lo que conlleva a problemas de salud y seguridad.
Aunado las áreas que rebasan de manera importante su capacidad, la CNDH visitó 21 centros federales, entre ellos los cinco que conforman el Complejo Penitenciario Islas Marías y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), con una población global de 24 mil 455 internos, donde en general también hay sobrepoblación, hacinamiento, insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
De la muestra que abarcó el 89 por ciento del total de la población penitenciaria nacional, incluyó las tres Prisiones Militares, donde señala albergan 786 internos, especifica el documento remitido. En cuanto a estas, la situación más recurrente es la relativa a la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, lo cual dificulta la adecuada reinserción social.
De las deficiencias detectadas con mayor incidencia sumó la clasificación entre procesados y sentenciados, hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo.
También identificó faltas importantes como la carencia de personal de seguridad y custodia, prevención y atención de incidentes violentos, es decir, no cuentan con las suficientes acciones para prevenir o atender casos como riñas, lesiones, fugas, homicidios o motines.
La mayoría de los centros no cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, y prevalecen deficiencias en las condiciones materiales y de higiene de las instalaciones para alojar a los internos en las áreas de COC, dormitorios, sancionados, sujetos a protección, cocina y comedor.
Resaltó que en 71 centros se pudo observar un deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos, en actividades productivas, educativas y deportivas, de alimentación, mantenimiento y limpieza, así como el control del ingreso de visitas tanto familiar como íntima, uso de teléfonos y la seguridad.
“Una constante es la falta de manuales de procedimientos de ingreso, traslado de internos, motín, uso de la fuerza, solicitar audiencia con las autoridades, presentar quejas, visita íntima, familiar, revisión de visitantes, de estancias, deficiente difusión de la normatividad que rige el Centro hacia los internos”, reza el documento.
Por el lado opuesto, en algunos penales, observó áreas de privilegios, presencia de objetos y sustancias prohibidas e internos que ejercen control mediante la violencia sobre el resto de la población.
De igual manera, se constataron deficientes condiciones materiales y de higiene del área médica y carencia de instrumental médico, de unidad odontológica, de personal para atender a los internos y de atención psicológica.
“Prevalecen insuficiencias en la elaboración, calidad y distribución de los alimentos y en la mayoría no se contemplan dietas especiales para enfermos que así lo requieren”, indica.
Respecto a los centros federales, en algunos es nula la clasificación entre procesados y sentenciados, y existe hacinamiento en varios de ellos y deficiencias en las acciones para atender y prevenir incidentes violentos.