Detiene Profepa a 7 personas por tráfico de huevos de tortuga

MÉXICO, DF., 11 de agosto de 2015.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) puso a disposición del Ministerio Público Federal a siete personas que fueron detenidas por elementos de la Policía Federal (PF) durante un operativo conjunto, cuando transportaban para su venta 372 huevos de tortuga marina, en Nayarit.

Profepa informó en un comunicado, este martes, que la acción ocurrida en el marco de un recorrido de vigilancia a cargo de autoridades federales por esa zona del municipio de Compostela respondió a una serie de denuncias sobre la presencia de personas dedicadas a dicha actividad ilícita en las playas Platanitos, Playa de Ixtapa, Boca de Custodio y Boca de Chila.

Los reportes emitidos a la Profepa en Nayarit por personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) derivaron en la implementación de un operativo conjunto donde participaron 30 elementos de la Policía Nayarit, dos de la PF e inspectores de esta procuraduría.

La puesta a disposición de las personas fue ante el representante social federal de la Procuraduría General de la Republica (PGR), en la subsede de la población de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

En un primer evento, se aseguró además una camioneta tipo Nissan, modelo 1996, en la cual se transportaban 5 personas con la cantidad de 175 huevos de tortuga marina.

La segunda acción permitió el aseguramiento de 112 huevos de tortuga marina, después de encontrar a una persona en plena flagrancia saqueando un nido de tortuga marina.

También se aseguró la cantidad de 85 huevos de tortuga marina, luego de que a una persona se le sorprendió en plena flagrancia saqueando un nido de tortuga marina.

En total se pusieron a disposición del agente del ministerio público de la federación, un vehículo, siete personas, así como 372 huevos de tortuga marina.

El aprovechamiento extractivo de las tortugas marinas, incluyendo sus partes y derivados (entre ellos el huevo) está prohibido desde 2006, y se sanciona con uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días de salario mínimo.