Deuda por 15 mdp podría hacer caer a Víctor Hugo Romo, delegado de MH

MÉXICO, DF, 3 de noviembre de 2014.- El Tribunal Superior de Justicia de la Federación, a través de un oficio, pidió a la Suprema Corte de Justicia ejercite acción penal contra el delegado de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, por un adeudo cercano a los 16 millones de pesos, acción que podría involucrar al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, por desacato de una orden judicial.

Desde mayo pasado la delegación Miguel Hidalgo debió haber solventado la deuda de 14 millones 492 mil pesos contraída por la administración suplente de Alfredo Vinalay con el despacho TAO y Asociados en 2009, por lo que de acuerdo con la resolución de la Sala Octava del Juzgado de Distrito bajo el folio 1099/2013-IV y al agotarse los recursos de apercibimiento, procedería, además, la separación del cargo de los funcionarios por desacato.

El monto original del adeudo, contraído por Vinalay Mora durante su gestión, fue de 7 millones 600 mil pesos. Sin embargo, debido a la serie de omisiones, en julio ascendía a 14 millones 492 mil 85 pesos, consecuencia del cobro e incremento de intereses y actualmente se deberán cubrir 15 millones 899 mil 412 pesos.

De acuerdo con el oficio expedido el pasado 22 de octubre –del que Quadratín México tiene copia– se mandata proceder con la aplicación del Artículo 107 Constitucional en su Fracción XVI, que señala que si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento.

Este periodo podrá ampliarse a solicitud de la autoridad, pero en caso de haber transcurrido el plazo (lo cual en términos de ley ya se cumplió) sin que se hubiese acatado, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito.

Lo anterior se cumple a cabalidad, ya que este juicio inició en el año 2010 luego de la salida de Vinalay Mora, quien ordenó una auditoria a la gestión de la panista Gabriela Cuevas, lo que implicó la revisión de más de cinco mil contratos, labor que realizó TAO y Asociados bajo contrato de prestación de servicios, que establecía su liquidación en tres exhibiciones de tres millones 600 mil pesos, de las cuales sólo se cubrió la primera.

El 17 de junio de este año venció el último plazo para cubrir el monto de la deuda pendiente y ya heredada por Víctor Romo, por lo cual el Tribunal Superior de Justicia del DF emitió distintos oficios: uno para notificar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y otros a la Contraloría, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría de Justicia capitalinas, para que cada instancia procediera en el ámbito de sus facultades a cubrir, en ese momento, casi 14 millones de pesos. Este requerimiento tampoco se cubrió.

En ese momento, el Tribunal Superior de Justicia del DF otorgó una ampliación del plazo para que la administración de Romo pudiera dar cumplimiento al compromiso en el ejercicio fiscal 2014, realizando un Trámite de Adecuaciones Programático Presupuestal Compensadas, o sea: transferir los recursos etiquetados bajo una clave presupuestal a otra. Este trámite no lo efectuó la administración delegacional.

“Por lo anterior, este juzgado federal estima que se han agotado todos los recursos posibles para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y las autoridades responsables JEFE DELEGACIONAL DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO Y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, no han dado cumplimiento cabal a lo ordenado en dicha ejecutoria”, precisa el oficio en poder de Quadratín México, fechado el 22 de octubre del 2014.

Además, el documento precisa que las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, es decir el mandatario capitalino también podría enfrentarse al juicio de separación del cargo, ya que en respuesta al amparo concedido a TAO y Asociados el pasado seis de agosto, el Tribunal giró oficio al director General de Política Presupuestal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, con el mandato de que en un plazo de tres días cumplieran con el pago requerido, mismo que no se llevó a cabo.

Como consecuencia a lo anterior, además de la orden de separación del cargo, el documento señala que “el funcionario delegacional y su director General de Administración deberán cubrir una multa de 175 días de salario mínimo, es decir de 11 mil 775 pesos, recurso que deberá ser cubierto por la Administración Local de Recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

A esta sanción se suma una orden de arresto a Romo Guerra por 30 horas, expedida con antelación y por este mismo litigio por el Juez Sexagésimo Segundo de lo Civil en el Distrito Federal bajo el oficio DEALAMO/SM-A/3593/2014 con fecha del 21 de junio de 2014, que no se ha hecho efectivo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

A fin de precisar el seguimiento a dicho proceso, Quadratín México solicitó una entrevista ya bien con el titular de la demarcación o con el director jurídico de la misma. No se obtuvo respuesta.