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Pospone INE presentación de informe sobre candidaturas a elección del PJ
MÉXICO, DF., 8 de julio de 2014.- La expectativa generada por la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es cuestionada por los grupos parlamentarios del PRD, PT y Movimiento Ciudadano por considerar que retrasa los cambios constitucionales o se opone a los acuerdos alcanzados.
La minuta enviada por el Senado de la República no fue modificada, salvo sus reservas, mismas que se discuten este martes en el Pleno de la Cámara de Diputados, por lo que dichas bancadas anunciaron que mantendrán su posición en contra por no desmontar el monopolio televisivo, al limitar las declaraciones de preponderancia a sectores y no a servicios.
Los legisladores acusaron que el dictamen no establece límites a la propiedad cruzada, para evitar que un grupo empresarial concentre diversos medios de comunicación. Además, tampoco se plantean medidas de fomento a las radios indígenas y comunitarias, que en condiciones desiguales tendrán que disputar un espacio en el espectro con los medios comerciales. Asimismo, se les limita el acceso a la publicidad oficial.
De la llamada cláusula cablecom, denunciaron que permitiría al agente preponderante, Televisa, adquirir las redes de televisión de paga sin mediar autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), además de que se legalizaría la concentración de televisión de paga en manos del mismo monopolio televisivo.
La minuta mantiene disposiciones autoritarias en el control de contenidos a través de la Secretaría de Gobernación, lo que sobrefaculta al Ejecutivo de manera directa.
En cuanto a las normas del derecho constitucional de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, éstas carecen de condiciones para reducir la brecha digital, además de que viola los derechos humanos en el tema de la colaboración con la justicia, protección de los datos personales y el libre acceso a la información.
Al mantener la gratuidad en las tarifas de interconexión, inhibiría el desarrollo de infraestructura y las inversiones en el sector, así como establecería candados o controles a la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Con respecto a la cancelación del pago de la larga distancia nacional, a entrar en vigor en 2015, año que se pone en marcha el proceso electoral federal, consideran urgente la necesidad de abrir los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a la competencia real, con reglas parejas para todas las empresas en el espectro radioeléctrico y las redes de telecomunicaciones y radiodifusión, para fomentar la pluralidad en los contenidos, dar canales de expresión a la producción nacional independiente, recibir servicios de calidad a precios adecuados y poder desmantelar a los poderes fácticos.
La creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano constitucional autónomo, debería regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del sector radioeléctrico, las redes y la prestación del servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, con facultades en materia de competencia en los sectores mencionados.
Las bancadas de izquierda buscan que el Estado garantice condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad en las leyes de telecomunicaciones.