Diseñan PRI–PVEM su propuesta #3de3

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de abril de 2016.- En el marco de la discusión de la reforma secundaria en materia anticorrupción, senadores del PRI y del PVEM diseñaron una propuesta alterna para que los funcionarios públicos presenten su declaración patrimonial, de intereses y de impuestos.

Mediante un proyecto oficial suscrito por Raúl Cervantes (PRI) y Pablo Escudero (PVEM), se plantea que los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás contenidos de la declaración patrimonial no sean públicos, a menos que así lo quiera el funcionario.

“Sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público”, señala el documento en la redacción del artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades, que circularon ambos legisladores este jueves.

En el documento, priistas y verdes también dejan a la voluntad del servidor público la opción de incluir o no la información patrimonial de sus cónyuges y dependientes económicos directos, ya que incorporan en el texto la palabra “podrán”.

Adicionalmente, establecen que sus familiares deberán otorgarles una autorización expresa para incluir sus datos en la declaración patrimonial.

En el caso de la declaración de impuestos, se plantea que sólo sea pública la constancia que emita la autoridad fiscal para comprobar que fue presentada la declaración anual.

También se deja a voluntad del funcionario público la posibilidad de revelar el contenido total de su declaración de impuestos.

“Los formatos originales de las declaraciones patrimoniales y de intereses, así como la documentación que la sustentan, se mantendrán bajo resguardo de las autoridades competentes para aplicar esta ley”, señala.

Los senadores del PRI y el Verde señalaron los nueve datos que deberá incluir la declaración patrimonial de los servidores públicos.

La lista contempla datos generales del declarante, monto de sus ingresos netos mensuales por el cargo público que desempeña, declarar si percibe ingresos distintos a la prestación de funcionario y cuál es su naturaleza de los mismos, así como señalar si el monto al que ascienden es mayor al de los que percibe en el Gobierno.

El documento fue dirigido a comisiones legislativas y a organizaciones como Transparencia Mexicana, Red por la Rendición de Cuentas, Instituto Mexicano de la Competitividad, el Centro de investigación y Docencia Económica, entre otras.