
México y Canadá, consentidos de Trump en la lista de liberación
MÉXICO, D.F., 9 de julio del 2014.- El gobierno de Estados Unidos aseguró que seguirá deportando a los niños migrantes que ingresen como indocumentados a su territorio, pese a los 3 mil 700 millones de dólares que el presidente Barack Obama solicitó a su Congreso para atender la crisis humanitaria.
Así lo explicó la ministra Consejera y Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, Laura Dogu, quien aseguró que los menores de edad mexicanos y centroamericanos no gozarán de ningún tipo de permiso o trato especial al de cualquier otro migrante indocumentado, según expresó durante su intervención en un foro sobre Migración Infantil celebrado en el Senado de la República.
“A estos niños no se les concederá permisos para permanecer en Estados Unidos y serán regresados a sus países de origen”, indicó.
“Estos fondos adicionales se utilizarán para disuadir, para cooperación internacional, proporcionar cuidados y para repatriar”, agregó Dogu, quien agregó que el gobierno estadounidense ayudará a México a reforzar sus controles migratorios en su frontera sur en el marco de la Iniciativa Mérida.
De acuerdo con datos de Naciones Unidas, en los últimos años se ha registrado un aumento de aprehensiones de niños mexicanos deportados al pasar de 13 mil en 2011 a 18 mil 700 en 2013.
“Una preocupación es que sea parte de una dinámica que está buscando el gobierno de Estados Unidos para acelerar las deportaciones”, apuntó Tonatiuh Guillén, investigador y director del Colegio de la Frontera Norte, quien consideró que el marco jurídico a nivel regional debe pasar del concepto de detener al de albergar, “no deportar sino proteger”.
“Es un dilema para México que no está claro que se logre en el corto plazo. Sería lo deseable, junto con la parte del tráfico, pero sobre todo un debate de la instrumentación y condiciones materiales que permitan la vigencia de nuestro marco jurídico y eventualmente formar parte de una estrategia multilateral que hable más de refugio y menos de deportación”, agregó.
En el mismo tono se pronunció Luis Herrera, investigador del Colegio de México, quien consideró que hasta el momento México y los países de Centroamérica han hecho poco para presionar al gobierno estadounidense para adoptar una política migratoria que ayude a revertir la crisis humanitaria que existe actualmente.
“El gobierno de México ha asumido que la migración es un tema de soberanía, un tema que México respeta y no se ha visto que el gobierno mexicano lleve planteamientos de presión para que las cosas cambien. Y eso sí me sorprende porque ha habido muchos países alrededor del mundo, como Nueva Zelanda o Israel, que han presionado en Washington para que la reforma migratoria incluya ciertos componentes. Y ni México ni los centroamericanos han hecho trabajo en Washington para que las cosas se muevan en cierta dirección”, señaló Herrera.
Senadores del PRI y PAN coincidieron en que México necesita hacer adecuaciones a su marco regulatorio para hacer valer los derechos de los niños migrantes que y las familias separadas por las deportaciones.
La priista Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, manifestó que se requiere un marco jurídico que garantice el cumplimiento de las normas internacionales para la protección de los menores migrantes no acompañados: el principio de la no discriminación, la prohibición de la detención indebida, el maltrato y el abuso.
La panista Gabriela Cuevas indicó que las políticas para informar a la población sobre los peligros de la migración servirán de poco debido a que el incentivo económico y social para abandonar su hogar sigue siendo demasiado grande.