El 2015 cierra con escándalos políticos; la fuga del Chapo, lo peor

MÉXICO DF, 28 de diciembre de 2015.- El año 2015, que representa la primera mitad del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, estuvo marcado por escándalos políticos que implicaron graves señalamientos, algunos subsanados con renuncias obligados a cargos importantes, otros tantos confrontados al pago de altos costos políticos y deslegitimidad, el primero de ellos.

Uno de los mayores escándalos con más desgaste político fue la fuga de Joaquín Guzmán Loera del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano en el Estado de México; en un esquema similar al caso Ayotzinapa, justo en el marco de una gira del presidente Enrique Peña Nieto por Francia, acompañado del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y parte importante de su gabinete.

Los hechos se dieron el 12 de julio, luego de haber sido recapturado en febrero de 2014, tras 13 años prófugo de la justicia mexicana, sin embargo, luego de su recaptura las autoridades habían rechazado las solicitudes de extradición a Estados Unidos y el Ejecutivo Federal, asegurara en entrevista a un medio internacional que una nueva fuga sería inadmisible.

Este hecho implicó la “renuncia” de Monte Alejandro Rubido como Comisionado Nacional de Seguridad; además Ramón Eduardo Pequeño, jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal, fue separado de su cargo; asimismo se separó del cargo a Juan Ignacio Hernández Mora, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y se consignó a 13 funcionarios públicos entre los que destaca lina Oseguera Parra, excoordinadora general de Penales Federales; Leonor García García, directora jurídica de El Altiplano y Valentín Cárdenas Lerma, director del penal.

Previo al gran escándalo, el 2015 inició arrastrando el asunto de la Casa Blanca, propiedad de la Primera Dama de México, Angélica Rivera, con valor de 7 millones de dólares, construida por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro, mismo que fue cancelado a principios de este año y que uno de los concesionarios más asiduos durante la administración de Peña Nieto como gobernador del Estado de México.

En medio de una marea de acusaciones contra Grupo Higa por el caso “Casa Blanca”, el 30 de enero, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray,anunció que el proyecto para construir un tren de alta velocidad entre México y Querétaro se posponía hasta nuevo aviso, cancelando así el fallo de licitación que se había otorgado, mientras que el tren Transpeninsular Yucatán-Quintana Roo se cancelaba de forma definitiva, como parte del ajuste presupuestal 2015.

En dicha cancelación estuvo en juego la permanencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruíz Esparza, luego que reconociera en comparecencia ante el Senado de la República, que había compartido información de manera informal desde un año antes con algunas de las empresas que están concursando por la licitación, lo cual pudo haber representado para los competidores una ventaja.

El 2015 además fue un año electoral, donde el escarnio público estuvo centrado en el Partido Verde Ecologista de México quien se hizo acreedor de varias multas, las más severa por 322 millones 455 mil 711  pesos, por recibir aportaciones en especie de sus grupos legislativos en el Congreso, con lo cual, de acuerdo con el INE, violentó el principio de equidad de la contienda.

En total el PVEM sumó este año 588 millones 547 mil pesos por distintas irregularidades, como la distribución de tarjetas Premia Platinum, entregadas a presuntos afiliados del Partido, así como regalar boletos para el cine y la compra de “cineminutos” en las salas de proyecciones, lo que alteró la contienda electoral del pasado 7 de junio.

A este desgaste político se sumó la solicitud de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR), de una orden de aprehensión contra Arturo Escobar, ex vocero del Partido Verde y entonces subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación , por delitos electorales.

Aunque la orden de aprehensión fue negada por la jueza federal Rosa María Cervantes Mejía, por considerar que no acreditó la existencia de delitos electorales ni la responsabilidad de Escobar y Vega, no obstante, la renuncia del funcionario a la Segob se dio para beneplácito de varias organizaciones civiles que desde su nombramiento se opusieron a que ocupara dicho cargo.