El Estado vulnera sistemáticamente derechos yaquis: experto

MÉXICO, DF, 26 de febrero de 2015.- La tribu yaqui es vulnerada sistemáticamente por el Estado mexicano, ante su falta de interés por establecer las condiciones que permitan a este pueblo indígena ejercer sus derechos ante el despojo de sus territorios, que se realiza por el interés del gobierno y empresas nacionales y trasnacionales de explotar económicamente los recursos naturales de sus comunidades, consideró el ingeniero Pablo Reyna Esteves, director de los Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana, informa la Ibero a través de un comunicado.

Actualmente el punto medular de este conflicto es la existencia y operación del Acueducto Independencia, con el argumento de las autoridades de llevar agua a los ciudadanos de Hermosillo, Sonora, sin tomar en cuenta que se está trasvasando (mover una cuenca hidrológica a otra) el agua del río Yaqui a la cuenca del río Sonora, lo que pone en riesgo la supervivencia de la tribu yaqui.

Asimismo el Independencia continúa en operación pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un mandato a la entidad para que se haga un manifiesto de impacto ambiental y se realice una consulta sobre la operación del acueducto, agregó Reyna durante la presentación del informe Una sentencia fallida. El incumplimiento del gobierno mexicano de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el marco de la consulta a la tribu yaqui.

En este acto organizado por el Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Ibero el vocero de la tribu yaqui, Tomás Rojo, añadió que pese a que “el acueducto está derrotado legalmente”, hay un empecinamiento del gobierno por negarse a cumplir la ley, y usar “argucias legaloides para poder eludir lo que la ley mandata”.

En esta lucha por un despojo más que sufren los yaquis no se considera que esta tribu está íntimamente relacionada (ritual, histórica y ambientalmente) con el río Yaqui, y que si su agua no llega a los territorios de estos indígenas, ellos no tienen manera obtener sus alimentos por medio de la agricultura y la pesca.

Ambientalmente tampoco se considera que al no haber un flujo hídrico suficiente en el río Yaqui, hacia el territorio de la tribu, el agua de mar se interna por el vacío que queda, lo cual saliniza los campos agrícolas y los echa a perder.

Por si fuera poco, se ha criminalizado y encarcelado a los líderes y voceros de la tribu yaqui, dos de ellos presos y sujetos a procesos judiciales “claramente vinculados a asuntos políticos, y no a un delito como el que les imputa”, mencionó Reyna.

Alejandra Leyva, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, mencionó que este organismo propone que, en el caso del Acueducto Independencia: cesen la agresiones contra los integrantes de la tribu yaqui, se sancione a los funcionarios de gobierno y particulares que amenacen o coaccionen a miembros de la tribu, se suspenda el acueducto, se prohíba la campaña de racismo que descalifica la identidad indígena y tradiciones de los yaquis, y se respete la decisión de la tribu surgida del proceso de consulta (en el que hay aproximadamente cien organizaciones de observación), que debe tener un carácter vinculante.

Informe de una sentencia fallida

En la presentación del informe, en la que estuvieron Reyna, Rojo y Leyva, también se contó con la participación, en el presídium, de Mónica Oheler, de Estrategias Jurídicas de Amnistía Internacional, y de Paola Pacheco, asistente de investigación del Centro de Estudios Políticos de la UNAM.

Una sentencia fallida. El incumplimiento del gobierno mexicano de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el marco de la consulta a la tribu yaqui es un documento  crítico sobre el proceso de consulta que evidencia la forma en la que diferentes instancias han violado los derechos humanos de los yaquis al imponer un proyecto, el Acueducto Independencia, que atenta contra la identidad y las formas de reproducción comunales, y pone en riesgo su existencia como tribu.

El ingeniero Reyna enfatizó que el informe se destaca por ser un esfuerzo de la sociedad civil, de decenas de organizaciones de derechos humanos e instancias académicas, como el Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Ibero y el Proyecto de Derecho a la Consulta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que fungen como observadores externos del primer proceso de consulta a pueblos indígenas mandatado por la SCJN.

“Apoyamos el derecho a la consulta libre, previa, informada y de buena fe; uno de los derechos fundamentales para que los pueblos indígenas de México y América Latina puedan seguir sobreviviendo en los territorios que ancestralmente han habitado”, destacó Reyna Esteves.

Este proceso de consulta seguirá bajo seguimiento puntual de la misión civil de observación, que entre otras acciones se encarga de recabar información sobre el impacto negativo del Acueducto Independencia en la vida de la tribu yaqui, para hacerla pública, principalmente en foros académicos, como fue en esta ocasión la Universidad Iberoamericana; como lo ha sido la Universidad de Sonora, y como lo será la próxima semana el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.