El GDF se desmarca: el adeudo millonario de la MH, obligación de Romo

MÉXICO, DF, 4 de noviembre de 2014.- El director General de Servicios Legales del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Núñez, aseguró que el gobierno capitalino ya cumplió con el requerimiento del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para tramitar la liquidación de una deuda de casi 16 millones de pesos contraída por la delegación Miguel Hidalgo, en 2009 con el despacho TAO y Asociados por prestación de servicios, así que el adeudo es del delegado de esa demarcación, Víctor Hugo Romo.

«Nosotros como Consejería Jurídica fuimos requeridos para otorgar el visto bueno, esa es la única obligación de intervención del gobierno capitalino, porque todo el trámite para el pago de la deuda lo tiene que llevar a cabo la delegación Miguel Hidalgo», acotó el funcionario.

El director Jurídico y de Servicios Legales de la delegación Miguel Hidalgo, Adolfo Román Montero, reconoció que desde el 28 de marzo, bajo condena de un Juicio de Amparo, la administración de Romo fue mandatada a cubrir la deuda, pero en esa fecha –aseguró– no estaban en condiciones de modificar su Programa Operativo Anual para retirar dichos recursos.

Román Montero reconoció el adeudo y dijo que no se han negado a pagar la sentencia y han hecho los trámites necesarios para cubrir el monto.

De acuerdo con un oficio expedido el pasado 22 de octubre –del que Quadratín México tiene copia– el 17 de junio venció el último plazo para que el delegado Víctor Hugo Romo cubriera el monto del adeudo, por lo que el Tribunal Superior de Justicia del DF emitió distintos oficios, para notificar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, así como a la Contraloría, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría de Justicia capitalinas sobre dicha resolución, para que cada instancia procediera, en el ámbito de sus facultades, a solventar la deuda.

En este sentido, Rodríguez Núñez precisó que el gobierno del Distrito Federal emitió un visto bueno, donde autoriza a la delegación Miguel Hidalgo el etiquetado de recursos de su Presupuesto de Egresos para solventar el adeudo pendiente, por lo que en caso de que este supuesto no se haya cubierto, es exclusiva responsabilidad de la administración delegacional.

Además, el abogado capitalino explicó que en los lineamientos del visto bueno para el Ejercicio 201, se estableció que cuando existiera el riesgo para la permanencia del servidor público, esta figura sería autorizada de forma expedita y así fue como se concretó el trámite para Romo Guerra.

«El 25 de agosto de 2014 le entregamos a la delegación el visto bueno y lo hicimos de su conocimiento al Juez Sexto de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, el 28 de agosto y con eso concluye la participación del gobierno local en el sentido de cumplir la exigencia del Tribunal, para que la delegación lleve a cabo el pago de la deuda», apuntó el funcionario, quien puntualizó:

A partir de ese momento, la delegación se convirtió en ejecutora de su gasto y responsable de sus adeudos, por lo que recae sobre Romo Guerra decidir de qué partida presupuestal van a tomar recursos para realizar el pago de la deuda y en caso de considerar que no alcanzan a solventarlo, podrán solicitar a la Secretaría de Finanzas una ampliación líquida, sin embargo este no es un trámite automático.

El director Jurídico y de Servicios Legales de la Miguel Hidalgo, Adolfo Román Montero, reconoció «ese recurso no estaba programado para este año, lo hemos estado trabajando y hemos hecho las modificaciones necesarias para obtenerlo», apuntó el funcionario delegacional.

En torno al riesgo de la separación del cargo del delegado y la orden de arresto
manifestó que el expediente aún se encuentra en el Juzgado de Distrito y será turnado a un Tribunal Colegiado, por lo que no procederá acción penal contra el mandatario, ni ningún otro funcionario, ni el jefe de gobierno capitalino.

Román Montero aclaró que la deuda que tienen notificada a saldar asciende a 14 millones 492 mil pesos y por tratarse de un trámite que no se ha desatendido, aún no es declarado «Incidente de Inejecución», lo cual sí podría derivar en separación del cargo de Romo Guerra, pero por el momento no está configurada una acción en contra del servidor público.