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MÉXICO DF, 28 de abril de 2015.- El presidente de la Comisión del Distrito Federal en el Senado de la República, Mario Delgado, advirtió que el PRI y el presidente Enrique Peña Nieto están buscando “secuestrar” a la Asamblea Constituyente que emanará de la reforma política del Distrito Federal para redactar la Constitución de la Ciudad de México, esto a través de los legisladores designados que contempla el dictamen.
De acuerdo con el senador integrante del grupo parlamentario del PRD, a partir del escenario electoral al día de hoy, la votación esperada para el PRI sería de 22 por ciento, lo que le otorgaría 13 diputados constituyentes; el PAN 15 por ciento, con 9 legisladores constituyentes; el PRD 25 por ciento y 15 constituyentes; Morena 28 por ciento y 17 constituyentes y los partidos minoritarios, 10 por ciento con 6 constituyentes electos, obteniendo así 60 de los 100 que integrarán la Asamblea que redactará la nueva Constitución para la ciudad de México.
Aunado a ello se espera la designación de 14 diputados constituyentes, elegidos por los partidos representados en la Cámara de Diputados y 14 por el Senado de la República, así como seis designados por el presidente Enrique Peña Nieto y 6 más por el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, lo que en números redondos daría 32 constituyentes al PRI, 16 al PAN, 26 al PRD, 19 a Morena y 7 a los partidos pequeños.
“El truco está en el porcentaje de constituyentes que tendría el PRI sería del 32 por ciento, lo que le daría una sobrerrepresentación y la posibilidad de veto de la Constitución, esto es lo que hay detrás de las designaciones del Congreso”,
En este sentido, adelantó que en el marco de la discusión de la reforma política del DF en el Pleno de la Cámara Alta, presentará una reserva a este punto, “con la finalidad de impedir que el PRI y el Ejecutivo federal controlen el Congreso, porque no tienen la representación política para ello”.
Entre las propuestas que plantea Delgado Carrillo para evitar esta sobrerrepresentación está que se incluya en el dictamen un candado que limite al Congreso y a los Ejecutivos federal y local a que sus diputados designados sean ciudadanos reconocidos, especialistas, académicos, luchadores de derechos humanos, representantes de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, entre otros; además planteará que la Carta Magna que emane de la Asamblea Constituyente sea sometida a consulta popular.