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MÉXICO, DF., 20 de julio de 2015.- Las condiciones que México debe reunir para ser aceptado como integrante de las 12 naciones que próximamente constituirán el Acuerdo de Asociación Comercial Transpacífico de Libre Comercio (TPP por sus siglas en inglés) contemplan la necesidad de ajustar la política laboral al Convenio 87 de la OIT, referente a la libertad sindical, señaló el Sindicato Minero.
La organización destacó que este análisis se realizó a la luz de los resultados negativos para la clase trabajadora, después de las promesas y expectativas del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, emitidas hace 20 años, misma que presenta resultados negativos, que se han producido mayor explotación, marginación y pobreza.
En la mencionada reunión se afirmó que hoy en México existe un sistema que actúa contra la libertad de asociación y organización de los trabajadores, la cual se basa en los “contratos colectivos de protección patronal”, los cuales mantienen a los miembros del sector laboral en la pobreza, en medio de amenazas y del temor de ser sancionados y despedidos.
Entre los días 6 y 9 de julio del presente año, en Washington, DC, capital de Estados Unidos, Napoleón Gómez Urrutia, presidente y secretario General del Sindicato Nacional de Mineros, sostuvo varias reuniones con legisladores del Partido Demócrata.
Entre ellas hubo un encuentro con Sander Levin, demócrata de Michigan y el portavoz principal de su partido en la Cámara de Representantes sobre los acuerdos de comercio, junto con otros tres representantes, así como con dirigentes de la Federación Americana del Trabajo, AFL-CIO.
La visión de la reunión fue que los “contratos de protección patronal” son producto de un manejo que las empresas realizan, con la complicidad de autoridades laborales y de los “líderes” de los sindicatos “blancos” a los que manejan con dinero y prebendas, para establecer esos acuerdos sin que los trabajadores se enteren siquiera de que existen tales “contratos” y mucho menos que ya son “miembros” del sindicato inexistente que se deriva de esa simulación lesiva a los miembros de la fuerza de trabajo, hizo notar Napoleón Gómez Urrutia.
Incluso el gobierno norteamericano todo esto lo ha denunciado mundialmente, por ejemplo ante la OIT, demandando una verdadera reforma laboral que proteja los derechos de los trabajadores en México, y que se sustituyan las Juntas de Conciliación y Arbitraje por tribunales laborales independientes del poder ejecutivo, y que ellas formen parte del poder judicial.
En la reunión se recordó que el gobierno norteamericano ha hecho suyos los llamados para que en México se establezca “una cláusula que demuestre que el empleador es operacional y que tenga la condición de que los trabajadores apoyan y están de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo antes de que sea depositado” ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
También ha declarado que “es tiempo de que el gobierno mexicano transfiera esas funciones al poder judicial o alguna otra entidad independiente que asegure una representación honesta de los trabajadores y una justa administración y ejecución de la ley laboral y de la resolución de las disputas”.