Nadie puede acusar al TEPJF de alejarse de la Constitución: Mónica Soto
MÉXICO, DF., 6 de agosto de 2014.- El delito de Paola Ochoa Tlapanco fue «querer abrir espacios para que las demás voces fueran escuchadas».
Al frente de una radio comunitaria en el pueblo de Paso del Macho, en Veracruz, fue acusada junto a su esposo por el presidente municipal, Rafael Pacheco Muñoz, ante la Procuraduría General de la República, por operar sin permiso, pese a que el propio edil acudía a la radio en calidad de invitado.
Lo que sucedió, explicó la comunicadora al exponer su caso en la preaudiencia Violencia de Género Distrito Federal, del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, fue que el alcalde se sintió «interpelado» porque la gente le hacía llegar por medio de la radio sus quejas y peticiones.
Así, un día llegó «un operativo con muchos elementos armados y encapuchados que se llevaron nuestro equipo y detuvieron a mi esposo como responsable de transmitir sin permiso», a pesar de que ya habían solicitado al gobierno federal los informes sobre los requisitos para hacerlo.
Su esposo salió libre tras enfrentar un proceso penal, pero ella también fue acusada y por ello estuvo dos años sin poder salir de su casa, pues podía ser detenida.
Finalmente, fue condenada a dos años de prisión pero un amparo ha impedido que pise la cárcel, si bien tiene que enviar periódicamente una serie de documentos que prueban su permanencia en el país.
«Me han privado de una vida plena, mi estabilidad emocional está en riesgo y la de mis hijos, que son señalados porque su mamá es perseguida», denunció.
Demandó que se desechen los procesos contra las personas que «en ejercicio de su libertad de expresión abrieron una radio» y que el Estado evite la criminalización de los comunicadores.