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MÉXICO, DF, a 11 de noviembre de 2014.- Los eventos de inseguridad que han marcado los últimos meses a México han generado dudas sobre los pactos por la seguridad que se han firmado para combatir este fenómeno, aseguró la directora de Investigación Aplicada en Policía del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), María Eugenia Suárez de Garay
La semana pasada, el presidente Enrique Peña Nieto presentó un nuevo pacto para la seguridad después de la desaparición de 43 normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero, que ha generado la vulnerabilidad en las instituciones policíacas del país.
María Eugenia Suárez de Garay señaló que los 74 puntos que contenía el Acuerdo del 2008 cubrían muchos aspectos que resultaban útiles y urgentes para combatir el deterioro de las condiciones de seguridad en México.
“Sin embargo mucho de todo ello quedó pendiente. Hay muchas cosas que no lograron ser concretadas en los plazos que se fijó para acción. Había plazos que se fijaron pero estos no eran realistas y es porque no había un plan de acción” indicó.
La experta de seguridad de Insyde (organización de la sociedad civil mexicana, líder en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad) subrayó que es necesario que exista un plan que defina objetivos a corto, mediano y largo plazo y que permitan generar una agenda realista y consolidada.
Además hizo hincapié en que debe darse cabida a distintas voces con la finalidad de que haya una representación real amplia y entonces pueda existir una discusión democrática.
Suárez de Garay subrayó que hay varios frentes que deben ser atacados ante la posibilidad de un nuevo acuerdo.
Entre ellos se encuentra una auténtica reforma al sistema policial y al sistema penitenciario, así como la actualización de los mecanismos de combate a la delincuencia organizada y lavado de dinero.
El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPyJP), José Antonio Ortega, consideró imprescindible que se clarifiquen además metas como el porcentaje precisó en que bajarían los delitos y sanciones en caso de que las autoridades responsables no cumplan con lo establecido.
“Este país ya no puede darse el lujo de más simulación” señaló el presidente del quien consideró que casos como el de Iguala, son el reflejo de que los pactos firmados en el pasado ni se han cumplido y ni han funcionado.