El reto, recuperar prestigio de solidaridad con refugiados: De la Peña

MÉXICO, DF, 13 de enero de 2015.- La política del Gobierno mexicano en materia de asilo está en franca contradicción con su compromiso con los derechos humanos, el cual incluye el retiro de las reservas a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, afirmó la senadora Angélica de la Peña.

“El enfoque en seguridad pública que han privilegiado las autoridades migratorias ha convertido al proceso de solicitar refugio en un callejón, en el que se aplican criterios restrictivos y que no reconocen los motivos de dichos solicitantes para abandonar su país, lo que es observable en el bajo número de solicitudes aceptadas”, destacó la legisladora perredista.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, aseveró que la política migratoria aplicada por los Estados Unidos de América se trasladó hacia el sur de nuestro país y esta presupone que toda persona proveniente principalmente de Centroamérica distingue a México como un mero trampolín que lo conducirá hacia territorio estadounidense, por lo tanto, se le debe considerar una potencial amenaza».

De acuerdo con De la Peña Gómez, entre el año 2009 y 2013, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación recibió 4 mil 589 solicitudes de refugio, de las cuales respondió de manera positiva en solo 1134 casos.

Al respecto subrayó que un aumento del número de visas humanitarias otorgadas por el gobierno mexicano no tendría ninguna incidencia en el flujo de personas centroamericanas en situación migratoria irregular que transitan por territorio nacional.

«Cada año más 140 mil migrantes de esta región ingresan sin documentación a México en su intento por llegar a los Estados Unidos, cifra monumental si la comparamos con las casi mil 300 solicitudes de asilo presentadas en 2013″, agregó.

Finalmente recalcó que el Gobierno Federal carece de un programa de acciones enfocadas a proteger los derechos de las personas a las que otorgó refugio, pese a que la propia Constitución y diversos Tratados Internacionales le obligan a garantizar dicha salvaguarda.

“Es urgente que el Gobierno mexicano corrija su política en materia de refugiados y reconozca que el peligro que amenaza la vida e integridad de quienes solicitan refugio es suficiente motivo para otorgárselos y que recupere su papel como una nación solidaria con las personas que se ven obligadas a abandonar todo debido a la violencia, especialmente porque miles de mexicanos se encuentran en las mismas circunstancias», concluyó la legisladora.