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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de febrero de 2016.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 1/2016 por casos de tortura y detectó un patrón de actuación sobre este tema por parte de autoridades.
Se informó en un comunicado que dirigió el documento a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y a la Consejería Jurídica del Distrito Federal (Cejur).
Al presentar el instrumento recomendatorio, la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, recordó que en los 22 años de existencia del organismo, se han emitido 53 Recomendaciones sobre tortura que en su mayoría han sido dirigidas a las mismas instituciones.
Dijo que la CDHDF refuerza la estrategia no solo para sancionar, sino para prevenir y erradicar este flagelo que involucra patrones de conducta, como la preexistencia de una detención ilegal o arbitraria, agresiones, dilación en puesta a disposición, inadecuada defensa, incomunicación, y negativa o ineficaz investigación de las vulneraciones denunciadas.
Explicó la Ombudsperson capitalina que la Recomendación 1/2016 consta de 17 casos, se involucran 19 expedientes registrados en esta Comisión entre los años 2010 y 2014 y afectan a 27 personas.
Mencionó que del análisis de los casos, se concluyó que existieron detenciones arbitrarias en 17 casos, mientras que en 14 se realizaron aprehensiones ilegales.
Gómez Gallardo destacó que se comprobó que la tortura se cometió en siete casos al momento de la detención, en 12 durante el traslado, y 12 en el lugar de espera antes de la presentación ante la autoridad.
Indicó que los actos de tortura tuvieron como objetivo que las personas se autoincriminaran en la comisión de algún delito o buscaban castigar a personas presuntamente responsables.
Perla Gómez destacó que es grave el hecho de que recurrentes y documentadas violaciones sobre casos de tortura descritas en los expedientes no hayan sido investigadas, a pesar de las denuncias realizadas por las víctimas, situación que propicia la impunidad y persistencia de esta conducta.
El documento presentado tiene 25 puntos Recomendatorios dirigidos a la PGJDF, a la SSPDF y a la Consejería Jurídica capitalina, en los que se pide, entre otras cosas, que se indemnice a las víctimas por concepto de daño material e inmaterial considerando cada caso.
También que se establezca una estrategia de capacitación y formación en materia de prevención, sanción y erradicación de tortura desde la perspectiva de derechos humanos; evitar la exhibición de personas sujetas a un procedimiento ministerial o judicial en medios de comunicación y aplicar protocolos en escenarios de detención donde haya presentes niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad.
La CDHDF indicó que debe garantizarse que toda persona defensora pública, cuente con cédula profesional y acredite experiencia, así como conocimientos técnicos en materia penal que garantice una adecuada defensa al imputado de delito.