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MÉXICO, DF, 21 de junio de 2014.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno de Yucatán por la inadecuada atención médica que se dio en los hospitales Comunitario de Peto y en General “Dr. Agustín O’Horán”, de Mérida, y ocasionó que una indígena maya con embarazo gemelar de cinco meses perdiera la vida.
La mujer, de 41 años de edad ingresó el 25 de enero de 2014 al Hospital Comunitario de Peto, dependiente de los Servicios de Salud del Estado, pero tuvo que ser trasladada al Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”. Ahí, tampoco recibió atención adecuada, lo que ocasionó que su estado de salud se agravara, hasta provocarle la muerte.
Tras efectuar una amplia investigación, la CNDH contó con elementos que permiten evidenciar violación a los derechos humanos a la protección de la salud, trato digno y a la vida, en agravio de la mujer indígena, atribuibles al personal adscrito en esos hospitales, con motivo de una inadecuada atención médica.
Por ello, en su Recomendación 24/2014, se pide al gobierno de Yucatán reparar el daño ocasionado a los familiares de la víctima; se emita una circular dirigida al personal médico de ambos nosocomios, en la que se les exhorte a entregar copia de la certificación y recertificación que tramiten ante los Consejos de Especialidades Médicas, con la finalidad de que acrediten tener la actualización, experiencia y conocimientos suficientes que permitan brindar un servicio médico adecuado. De calidad y calidez.
Garantizar que los servidores públicos que prestan sus servicios en las clínicas, hospitales y centros de salud pertenecientes a la Secretaría de Salud del estado de Yucatán, adopten medidas efectivas de prevención que permitan garantizar que los expedientes clínicos que generen con motivo de la atención médica que brindan, se encuentren debidamente integrados y protegidos, conforme a lo establecido en la legislación nacional e internacional, así como en la norma oficial mexicana correspondiente.
Diseñar e impartir programas integrales de educación, formación y capacitación sobre los derechos humanos que el orden jurídico les reconoce a las mujeres, que garantice el trato digno en la situación de vulnerabilidad de diversos grupos, como lo son los miembros de los pueblos y comunidades indígenas.
También se pide amplia colaboración con la Comisión Nacional en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos y denuncia administrativa que se formulen ante la Fiscalía General y la Secretaría de la Contraloría General del estado de Yucatán, respectivamente.