Matan a dos durante balacera en Puerto Vallarta y lesionan a quinceañera
MÉXICO, DF, 13 de enero de 2016.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 58/2015, dirigida al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, por el caso de 15 mexicanos asegurados por agentes migratorios durante los operativos realizados por dicha instancia, en diferentes puntos carreteros y estados fronterizos, durante 2015, con el propósito de detectar personas en contexto de migración internacional que no cuentan con una estancia regular en México, informó la Comisión a través de un comunicado.
En virtud de que los hechos acontecieron en diferentes puntos y fechas, pero con circunstancias de modo y lugar similares, esta Comisión Nacional acordó su acumulación en el expediente CNDH/5/2015/717/Q, del cual se realizó el análisis jurídico que acreditó violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la libertad personal y de tránsito, y a la no discriminación, cometidos por 22 servidores públicos adscritos al INM en agravio de 15 connacionales, transgrediendo lo establecido en el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Los principales señalamientos expuestos en las quejas son: privación de la libertad, disparidad de criterios en la resolución de los procedimientos administrativos, imprecisiones en los informes sobre el aseguramiento de los agraviados, desestimación de documentos oficiales que acreditaban la nacionalidad y abuso de su condición de vulnerabilidad en la que se encontraban, ya que algunos de los quejosos salieron de sus comunidades de origen sin saber leer ni escribir y con poco o nulo dominio del idioma español.
Asimismo, dilación en el proceso de salida de las estaciones migratorias. Y en el caso de dos agraviadas, menores de edad, los servidores públicos no realizaron las acciones tendentes a garantizar que se encontraran acompañadas por personal capacitado y especializado en derechos de protección infantil, violando lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Resulta incongruente para esta Comisión Nacional que las autoridades responsables señalen que durante la revisión migratoria, los agraviados hayan manifestado ser extranjeros y, posteriormente, en el procedimiento administrativo declararan ser mexicanos, incluso algunos quejosos que no saben leer ni escribir firmaron o pusieron su huella en diversas diligencias en que se asentó una nacionalidad distinta a la mexicana.
Este Organismo garante de los derechos humanos precisa que la nacionalidad es un derecho humano que establece vínculo jurídico de protección del Estado hacia los ciudadanos, al otorgarles identidad y pertenencia, por lo cual su no reconocimiento conlleva a un estado de indefensión de las personas ante la autoridad, caso que vivieron los 15 agraviados.
Por lo anterior, la CNDH solicita al INM reparar los daños a las víctimas; garantizar los procedimientos que deberán seguir los servidores públicos que durante las revisiones migratorias se encuentren con personas que refieran ser mexicanos; establecer acuerdos interinstitucionales con el Instituto Nacional Electoral y con las Direcciones del Registro Civil de las entidades federativas, a efecto de comprobar en sus sistemas de registro los nombre de los mexicanos que se encuentren a su disposición.
También se solicita implementar un protocolo de atención para personas que sean presentadas en un recinto, estancia o estación migratoria, que el INM tenga duda razonable sobre su nacionalidad a fin de que se pueda verificar la documentación que aporte para acreditar la misma, señalando la manera específica en que se deberá resolver respecto de su situación jurídica en el término no mayor a 3 días, sin que necesariamente se tenga que agotar este plazo, a partir de que son puestos a disposición, publicándolo en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo, se deberá impartir a los servidores públicos encargados de realizar revisiones migratorias y de resolver la situación jurídica de los mexicanos, un curso sobre la relevancia del principio pro persona, con objeto de evitar violaciones a los derechos humanos de los connacionales, además de coadyuvar en el procedimiento administrativo de investigación que se inicie ante el Órgano Interno de Control en el INM, contra los servidores públicos responsables.