Emite relator de ONU recomendaciones para reducir violencia en México

MÉXICO, DF, 11 de noviembre de 2014.- El relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, recomendó al Estado mexicano la prohibición absoluta de la tortura, así como la de investigar, procesar y sancionar en forma pronta, independiente, imparcial y exhaustiva, la imprescriptibilidad del delito y la reparación de las víctimas.

El documento remitido este martes a la Cámara de Diputados y turnado a la Comisión de Derechos Humanos, asimismo sugiere eliminar definitivamente el arraigo y sus figuras similares en lo federal o estatal, así como prescindir los supuestos de prisión preventiva oficiosa en la Constitución y legislación.

Urge a la necesidad de retirar definitivamente a las fuerzas militares de labores relacionadas con la seguridad pública y restringir su participación a operaciones de apoyo con supervisión de órganos judiciales civiles.

Para la relatoría especial de la ONU la impunidad de la tortura y los malos tratos es aliciente para su repetición y agravamiento, por lo que el Estado debe urgentemente arbitrar medios para investigar, sancionar y castigar debidamente estos actos.

Recomienda la aprobación de una legislación federal y estatal para garantizar el control judicial sobre la ejecución de las penas, incluyendo medidas cautelares, prisión preventiva, condiciones de detención y sanciones disciplinarias.

Sobre los casos de tortura presuntamente cometidos por un militar contra otro militar también plantea sea de competencia de las autoridades civiles, por tanto insta a reformar el Código de Justicia Militar, además de restringir en la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y toda ley aplicable, las instancias de detención sin orden judicial a los casos propios de flagrancia.

Con respecto a las instancias de tortura y malos tratos propone que todas sean investigados; se atestigüen indagatorias imparciales, independientes y exhaustivas, y que los responsables sean procesados y castigados tanto penal como administrativamente.