Emplaza Barbosa a dictaminar en 30 días reforma de seguridad pública

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de febrero de 2016.- El coordinador del PRD en el Senado de la República, Luis Miguel Barbosa Huerta, emplazó al PRI, PAN, PT y PVEM para que en 30 días se dictamine las iniciativas que se encuentran presentadas sobre reforma constitucional en materia de seguridad pública.

El senador perredista envió una misiva fechada el 4 de febrero donde expresa a sus pares que reconoce un escenario favorable para sacar adelante las propuesta en la materia del presidente Enrique Peña Nieto, para después realizar las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que resta del periodo ordinario de sesiones en la Cámara Alta.

En conferencia de prensa, Barbosa Huerta celebró la disposición del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de flexibilizar la iniciativa del titular del Ejecutivo, es decir, la voluntad de que podrá haber excepciones y modificaciones a la propuesta original.

“Lo que la sociedad está esperando es una reforma aplicable, no una reforma constitucional que tenga como consecuencia las reformas a las leyes secundarias en un periodo indefinido, sino que sea el periodo ordinario de sesiones de las cámaras aquel en el cual se alcance las reformas constitucional correspondientes, así como las secundarias”, apuntó el legislador.

Producto de un consenso, Barbosa Huerta detalló que el PRD propuso los criterios de población y el Estado de fuerzas.

Rechazó que la dictaminación de la iniciativa en 30 días se considere “fast track” al haber buen ambiente y la construcción de las propuestas de cada fuerza parlamentaria.

El perredista señaló que como ley debe haber disposiciones generales, no particulares, por lo que la reforma constitucional no se puede establecer que desaparezcan todas las policías municipales a excepción de algunas. 

Por tal motivo, plantean una reforma al sistema policial y tiene que haber un órgano que para el PRD sería la Comisión Nacional de Seguridad Pública la que establezca los estándares policiales a nivel federal, estatal y municipal. 

Es decir, que la determinación para existir o no una policía corresponda a un órgano autónomo, independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propio.