En 7 años, 42 mil millones para seguridad pública; la mitad, sin ejercer

CIUDAD DE MÉXICO, 2 marzo de 2016.- De 2008 (año en el que comienza el nuevo Sistema de Justicia Penal) a 2014, los recursos asignados al Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP), para su uso en todas las entidades del país, han sido de aproximadamente 42 mil millones de pesos, de los cuales cerca del 50 por ciento no se ejerció y fue desviado a otras áreas, considera la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que año tras año tiene en detalle las irregularidades en los destinos de tales recursos.

La Auditoría Superior de la Federación, en su informe general de la Cuenta Pública 2014, encontró que las 32 entidades federativas no ejercieron de manera eficiente siete mil 921.6 millones de pesos del FASP, de los cuales se dejaron de utilizar tres mil 849.9 millones de pesos, siendo esta una “irregularidad recurrente, durante los últimos siete reportes anuales de fiscalización”.

Añade el documento oficial que en el subejercicio del presupuesto del FASP 2014 se descubrieron “omisiones y errores en los registros contables y presupuestales de las operaciones, así como inconsistencias en varias transferencias bancarias indebidas, a cuentas bancarias de los gobiernos estatales, entre otras irregularidades”.

Durante los últimos siete años, algunas de las inconsistencias encontradas son: que los recursos se han aplicado en diferentes conceptos de los fijados para la FASP en la Ley de Coordinación Fiscal; destino de los dineros a diferentes conceptos sin cumplir los requisitos establecidos en el funcionamiento de los ejes de desarrollo institucional, la lucha contra la corrupción y la medición de indicadores, y también se han utilizado indebidamente en concepto de pago de percepciones extraordinarias, situación ha hecho más difícil el control, identificación y aplicación directa a su destino final.

En los informes de la ASF se mencionan las observaciones, los estados que han cometido dichas irregularidades, pero no los funcionarios que las llevaron a cabo ni tampoco qué sucedió con el destino de los miles de millones desviados.

Pero estas partidas presupuestales federales del FASP, no representan la totalidad de los recursos públicos destinados a la seguridad pública, pues cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los Gobiernos federal y estatales destinan otros recursos que son clasificados en otros rubros.

El académico y experto constitucionalista Miguel Carbonell sostiene que México gasta muchísimo dinero en el tema seguridad pública, “de hecho, si combinamos gasto público con gasto privado de las familias que gastan para protegerse o cuidarse alcanza los 260 mil millones de pesos. Hablamos de inversión anual.

“Estamos hablando que con el gasto en seguridad que hace el Estado mexicano y las familias, se podrían construir anualmente siete universidades con la UNAM. Cada año”, explicó el director del Centro de Estudios que lleva su apellido.

Indicó que la falta de información sobre el manejo de recursos públicos destinados presupuestalmente a la seguridad pública, indudablemente dio lugar a retrasos para la formación de los policías estatales y municipales sobre el papel que tendrá en el nuevo sistema penal acusatorio, con efectos a partir del 18 de junio.

El también experto en la reforma al sistema de justicia indicó que esa falta de capacitación podría tener consecuencias: “de hecho, en un momento dado el policía podría ser llevado ante un tribunal y debe responder a preguntas sobre las circunstancias en que se dio su detención, el 80 por ciento de las detenciones en flagrancia y flagrancia, esto significa que en el momento de la infracción o en la persecución inmediata de la infracción.

“Fue flagrancia o no, en qué circunstancias, si ha habido violaciones o si ha habido tortura, puede tener detenciones arbitrarias por qué sucede esto y seguirá sucediendo, ve un cambio en la ley, no creo que se detenga. Esta parte les llevará más tiempo a la policía y los jueces, debe estar alerta a las condiciones que se presentan si la persona se ha lesionado, si la persona ha sido sometida a tortura, si ha sido objeto de maltrato o ha estado sujeta al llamado paseo, que es cuando los agarran y los hacen caminar durante horas y días, y el Tribunal Supremo ya ha declarado con el caso de Florence Cassez que el retraso excesivo en el procedimiento fue suficiente para dejar libre el acusado, ya que se violó el debido proceso”.

En este sentido, el investigador y académico Marco Lara Klahr, autor de más de una decena de libros relacionados con temas de justicia, en entrevista con Quadratín México, consideró que la demora para la formación de los agentes de policía estatales y municipales podría afectar directamente a los ciudadanos, pues muchos delincuentes podrían ser puestos en libertad si no se respeta debido proceso.

Insistió el autor de diversos libros sobre la oralidad y uno relacionado con la actuación que deberán tener los periodistas en los juicios orales, que “los retrasos en la capacitación de los policías estatales y municipales podría generar bastantes problemas, una vez que se tengan que implementar los juicios orales, pues abrirá huecos que no va ser fácil tapar”.

A su vez, la presidenta de la organización civil, Causa en Común, María Elena Morena, reveló que de acuerdo a los resultados del último Semáforo del Desarrollo Policial, la mayoría de las policías estatales del país apenas consiguieron una calificación de 6.1 puntos, lo que está muy lejos de cumplir con su principal función de dar seguridad plena a los ciudadanos.

Morera, insistió que “a pesar de los múltiples esfuerzos de acompañamiento ciudadano y los recursos invertidos, no hay ninguna policía estatal en el país que cumpla plenamente con los procesos relacionados con el desarrollo policial obligados por ley desde el 2009”.

Explicó que este semáforo tendría que ser considerado por las autoridades que pretenden la unificación policial en el país, ya que realiza un seguimiento puntual en los siguientes rubros: “sistema profesional de carrera policial, profesionalización de los cuerpos policiacos, certificación integral y el régimen disciplinario”.

Por esta razón, María Elena Morera, quien siguió el desarrollo de la policía en los últimos cuatro años, ya prevista por la Comisión de que la estrategia no dará resultados, pues se está cortando casi una sexta parte del tiempo mínimo de las 240 horas que requerirían preparación.

La Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), María de los Ángeles Fromow, responsable en el país para supervisar la adecuada transición al nuevo sistema, dijo que se han formado a 17 mil funcionarios estatales y municipales, así como a poco más de la mitad de la Policía Federal (PF).

Sin embargo, reconoció que esa cifra representa sólo una proporción de más del 10 por ciento de todas las fuerzas de seguridad pública de los tres órdenes de Gobierno. Y respecto a la capacitación de los elementos policiales del país, la Secretaría Técnica a su cargo “no tiene atribuciones para indicar la contratación o no de herramientas de apoyo” y que “el uso de cualquier plataforma tecnológica para la capacitación policial es enteramente responsabilidad de las instituciones y autoridades de cada entidad federativa”.