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PUEBLA, Puebla, 12 de noviembre de 2014.- El Estado “nunca es prescindente de crímenes que se cometen contra la humanidad” en casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, sostuvo Norberto Lwisky, ex vice presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU de 2003 a 2007.
En conferencia de prensa posterior a la ponencia magistral que presentó en el Sexto Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en esta ciudad, el experto puntualizó que “sin disponer de datos que me permitan establecer los grados de responsabilidad institucional, sí debo asegurar que mi posición es que la responsabilidad de los Estados está siempre presente”.
Por lo tanto “corresponde mediante los mecanismos institucionales de cada país garantizar que las investigaciones no tengan desviaciones de protección sobre eventuales responsabilidades directas o indirectas de ejecución o de instrucción”, por lo que se debe actuar “con el mayor rigor en la investigación”.
Durante la conferencia magistral que dictó, se refirió al tema de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, diciendo que “el crimen organizado que hace 25 años no lo podíamos imaginar tan activo en esta perspectiva, hoy nos dice en su presencia, marcándonos con profundo dolor, circunstancias tan dolorosas como es en estos días la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero”.
Llamó a los asistentes a dicho encuentro a “no bajar los brazos” hasta darle la garantía a todos los niños y adolescentes del mundo “que se va a concluir con los métodos de la desaparición forzada y del crimen organizado utilizándolos para sus fines e intereses”.
Y destacó: “Es posible encontrar el camino por el cual las democracias de nuestra América Latina resuelvan este conflicto de manera superadora no haciéndole concesiones a la injusticia ni haciéndole concesiones a los horribles chantajes a que el crimen organizado pretende subordinar la voluntad política de los estados democráticos”.
El también regente de la Asociación Internacional de Medicina Humanitaria se refirió además a la estigmatización de los grupos juveniles y a la urgencia de garantizar mayor educación y más rigor en las decisiones que impidan que la impunidad prevalezca sobre la injusticia.
Recordó que cifras de la Cepal apuntan a que más de 60 por ciento de los jóvenes mayores de 15 años en América Latina está fuera del sistema educativo, lo cual los coloca en desventaja de formación profesional para integrarse al mundo laboral de forma digna.
Además, advirtió que las evidencias señalan que los jóvenes que terminan en los sistemas penales son aquellos con menor escolaridad, por lo que la educación juega un papel decisivo frente a la participación de este sector en actos violentos.
La tarea de nuestro tiempo, añadió, es que “los niños vuelvan a creer que su lugar está en la familia, en la educación, en la formación para el trabajo, en la vida solidaria, en la sociedad que se organiza, en el respeto a la ley, en las condiciones dignas de vida”.
Subrayó que toda sociedad tiene derecho a que su cotidianidad no se vea interrumpida por la violencia, por lo que “nadie le puede reprochar a una comunidad que reclame una convivencia en paz”.