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Pospone INE presentación de informe sobre candidaturas a elección del PJ
MÉXICO, DF, 25 de febrero de 2015.- El presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, adelantó que antes de concluir marzo estaría en el Plano de la Cámara Alta el dictamen de Seguridad y Justicia gestado a partir de las iniciativas turnadas por el presidente Enrique Peña Nieto, en las que propone la creación de un mando policial estatal único y la extinción de poderes en municipios permeados por el crimen organizado.
“Ese es el acuerdo que tenemos con los grupos parlamentarios para llevarlo al Pleno, para discutir el dictamen que se formule en comisiones y para que tengamos las reformas legales correspondientes”, precisó el legislador perredista en el marco de la inauguración del Seminario Seguridad y Justicia: Marcos Estratégicos y Grandes Pendientes, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
En este sentido apuntó que en el producto legislativo que vaya a salir, será incorporada la opinión de la sociedad civil y especialistas y reitero que en breve se concluirá el el proceso legislativo de estas propuestas en el Senado.
“En el Senado de la República están las iniciativas del titular del Ejecutivo, que son tres propuestas de reforma constitucional que constituyen la visión del Ejecutivo para contar con una nueva estrategia en el combate al crimen organizado, para mejorar o alcanzar un estado adecuado de combate al crimen organizado y de seguridad pública”, puntualizó Barbosa Huerta durante su intervención.
Sin embargo, advirtió que el resultado del dictamen no será asumir las propuestas del Ejecutivo tal y como llegaron, sino que se planteará el mejor modelo, si se trata de policías entre mando único y 32 policías estatales únicas y en torno al nuevo esquema de municipios, apuntó que los analistas han coincidido que no es el mejor camino.
Finalmente, subrayó que los senadores no serán omisos, pero tampoco anuentes a una visión que no sea aquella que tenga controles democráticos en cada uno de los instrumentos jurídicos en el marco constitucional o en el de leyes secundarias para garantizar los derechos de toda persona.
“Una visión garantista, no la visión que tiene que ver con la eficiencia en el uso de la fuerza; sí en ello, pero también en el respeto irrestricto de los derechos humanos”, concluyó.