Secretario de CNDH encara “nueva infamia” contra Rosario Piedra
CIUDAD DE MÉXICO, 3 de febrero de 2016.- La presidenta de la Comisión de Gobernación e integrante de la Comisión de Salud, la senadora Cristina Díaz, planteó que en México se debe adoptar un modelo que se centre en regular el consumo de la marihuana, en caso de que se apruebe su uso.
“Regular una sustancia como la cannabis conlleva un proceso integral de planeación que debe considerar todos los factores alrededor de su uso, tanto en su aspecto benéfico como el potencialmente dañino”, dijo durante su participación en las audiencias públicas para las alternativas de regulación de la marihuana que se realizan en el Senado de la República.
Cristina Díaz estableció que el Estado debe ejercer controles sobre la cannabis, así como se hace con el alcohol y el tabaco, y no dejarlo únicamente a las leyes del mercado, como sucede en algunos países.
Para que “una política pública sea eficaz, deben existir indicadores y metas precisas a corto, mediano y largo plazo, así como evaluaciones constantes de los avances y la calidad de su implementación”, argumentó.
En el foro donde expertos, académicos, funcionarios y autoridades internacionales expusieron sus puntos de vista sobre los efectos de la marihuana en la salud del consumidor y pública, la legisladora priísta dijo que es fundamental analizar las políticas públicas que se deberán crear a partir de la posible regulación de la cannabis, ya que para su formulación debemos conocer los efectos que produce el uso problemático de la misma.
En el caso de la marihuana, me parece indispensable revisar ambos enfoques: tanto el daño al consumidor como el impacto en la salud pública, acotó.
La senadora por Nuevo León consideró que la regulación del uso de la marihuana tendría implicaciones para el Estado mexicano como los impactos presupuestarios y costos, hasta generar programas y políticas públicas de salud, capacidades técnicas y de personal para poder enfrentar este desafío.
Incluso habría que revisar los programas de estudio e investigación para obtener datos alrededor de las propiedades y usos de la cannabis, más allá del enfoque de adicciones.
También -agregó- se requiere la creación de infraestructura necesaria para una correcta implementación de los cambios legislativos y regulatorios.
La presidenta de la Comisión de Gobernación propuso encontrar en conjunto la mejor manera de realizar una regulación eficaz ya que hay ejemplos de regulación deficiente en otras sustancias.
Además se deben considerar los efectos del alcohol y el tabaco, para tener un mejor marco de regulación en el futuro, en caso que así lo considere el legislativo en el caso de la cannabis”.
Díaz Salazar afirmó que en México, al igual que en Uruguay, debemos apuntar la discusión hacia la adopción de un modelo que se centre en regular el consumo.
Resaltó el papel de instituciones como la Secretaria de Salud (SSa), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que aporta elementos de indicadores que sin duda serán fundamentales en el éxito de cualquier regulación, y corregir cuando sea necesario, para evitar errores en la medida de lo posible.
En el Foro participaron la secretaria de la Mesa Directiva del Senado, María Elena Barrera, la presidenta de la Comisión de Salud, Maki Ortiz, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña y el diputado Elías Iñiguez Mejía, presidente de la Comisión de Salud.
También, los doctores Ricardo Tapia, experto en Neuropatología Molecular de la UNAM; Mauricio Hernández Ávila, director general del Instituto Nacional de Salud Pública; Gady Zabicky Sirot, psiquiatra y adictólogo de la UNAM y Herminia Pasantes Ordoñez, experta en Neurodesarrollo y Fisiología de la UNAM.
Y, Guss Zwitser, del CIDE, Antonio Mazitelli, de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito; David Kershenovich Stailnikowits, director general del instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, entre otros representantes de la sociedad civil.