Favorece a educación y soldados recorte a organismos autónomos: Sheinbaum
MÉXICO, DF., 12 de septiembre de 2015.- El país está en deuda con los más de 11 millones de mexicanos indígenas que han vivido excluidos de los derechos básicos de toda persona, señaló el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien agregó que a pesar de los esfuerzos normativos, de los convenios internacionales y de las reformas constitucionales, éstos viven con altos índices de pobreza y discriminación.
Se informó en un comunicado que al participar en la presentación del libro Los Problemas del Derecho Indígena en México, de José Ramón Cossío Díaz, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), González Pérez aseveró que en la medida que los integrantes de las comunidades indígenas no tengan acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, estaremos vulnerando sus derechos fundamentales.
En el marco de la 4 Feria del Libro en Derechos Humanos, que se lleva a cabo en la Facultad de Derecho de la UNAM, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que las personas indígenas demandan el reconocimiento efectivo de su propia identidad, a través de la tutela del derecho a la autodeterminación y la protección de su cultura en el sistema constitucional de derechos humanos.
“Nuestro sistema ha sido escueto en otorgar la debida garantía y protección a estos derechos; prueba de ello es que en el ámbito legislativo aún hay trabajo pendiente, ya que sólo 22 entidades federativas tienen reconocimiento constitucional de ciertos derechos de los pueblos y comunidades indígenas”, agregó.
Refrendó el compromiso de la CNDH de incluir un modelo renovado de protección que engrose el catálogo de derechos que son garantizados y optimice su protección, para que los pueblos indígenas se desarrollen en un contexto de inclusión, respeto y pleno reconocimiento a su propia autonomía.
Destacó que es fundamental cuestionar y desterrar prácticas y políticas asistencialistas y paternalistas que ven a los pueblos indígenas como objetos de protección y no como sujetos de derechos, particularmente ante las múltiples situaciones que vivimos en la actualidad, frente a la construcción de acueductos, parques eólicos, presas, minas y megaproyectos que pueden exponer a que se violenten los derechos colectivos e individuales si no se realiza la consulta previa, libre e informada con estándares internacionales.