Estado mexicano debe comprometerse a cumplir las decisiones de la CIDH

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de abril de 2016.- La diputada María Concepción Valdés Ramírez presentó una iniciativa que pretende hacer que de aprobarse la reforma constitucional, se cumplan las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, informó el Grupo Parlamentario del PRD a través de un comunicado.

Al presentar la propuesta mencionó que del balance anual que hace Amnistía en materia de derechos humanos en el mundo, nuestro país aparece en la lista de los 11 países de mayor alarma.

“Y ante las cifras alarmantes que no varían en términos de desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales y feminicidios, es imperante que dejemos de lado la postura de evadir las críticas de organismos internacionales y pasemos a implementar acciones de gobierno que sí ayuden en éstos temas”.

Destacó que lo alarmante es que cualquier opinión o práctica internacional en ésta materia es minimizada por el gobierno. Y aunque en el discurso se implementan miles de programas encaminados en atender la protección y promoción; en la práctica, para éste ejercicio fiscal fueron sacrificados miles de millones de pesos de programas que no eran, según el análisis correspondiente, necesarios para su implementación.

“Siguen sucediendo eventos como las crisis en el sistema penitenciario en nuestro país, por mencionar alguno; para voltear a mirar y poner nuevamente atención en lo que estamos obligados a cumplir”.

Lo que pretende esta iniciativa, es de acatar las observaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos; y dejar de lado el discurso de que estamos trabajando en ello.

En este sentido, la importancia de dotar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus resoluciones de una validez en el ámbito internacional, reside en el importante papel que la misma está jugando en la protección de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran bajo su protección.

“Por el momento en el derecho interno de nuestro País la efectividad y obligatoriedad del Estado Mexicano de acatar las sentencias de éste órgano interamericano se encuentra difuso en la jurisprudencia, por lo que es un menester de coherencia elevar a rango constitucional su obligatoriedad”.

Lo referido tanto para lo relativo a la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es de suma importancia ante el adecuado encauce que debe darse de la normativa internacional y nuestro reconocimiento pleno de estos órganos internacionales como parte del fortalecimientos del andamiaje de un Estado constitucional de derecho, aún lejano a alcanzar.

“Finalmente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto aquí planteada se viene a sumar al conjunto de proyectos parlamentarios afines y que a lo largo de 15 años no se han podido concretar. Asimismo, dicha propuesta viene a coadyuvar a la Agenda de Prioridades Legislativas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática al seno de las Cámaras del H. Congreso de la Unión”.