Exige AI llevar ante la justicia a responsables de Tlatlaya

MÉXICO, DF, a 30 de junio de 2015.- Todos los elementos castrenses mandos militares y funcionarios públicos que tengan responsabilidad en el homicidio de 22 personas en Tlatlaya, en el Estado de México, deben ser llevados ante la justicia, demandó Perseo Quiroz, director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.

A un año de estos hechos, Amnistía refirió que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto debe realizar una investigación exhaustiva e imparcial que lleve a todas las personas responsables ante la justicia incluyendo, en su caso, a mandos militares.

Recordó que el 30 de junio de 2014, 22 personas –incluida una joven de 15 años– murieron a manos de elementos militares, dentro de una bodega en la localidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya.

Sin embargo, el Ejército mexicano informó que todas las muertes sucedieron en un enfrentamiento con integrantes de la delincuencia organizada.

Posteriormente, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como la Cámara de Diputados, concluyeron que la mayoría de las personas no murieron durante un enfrentamiento, sino que fueron ejecutadas extrajudicialmente.

A través de un comunicado Amnistía Internacional recordó al Estado mexicano que el mantenimiento del orden público no debe ser un pretexto para violar los derechos humanos, pues el uso de la fuerza debe ser limitado a criterios de proporcionalidad, y sólo se deba usar en casos de absoluta necesidad como señalan las normas internacionales de derechos humanos; obligación que en el marco de su fallida estrategia militarizada en contra de la delincuencia organizada el Estado recurrentemente ha ignorado.

“Es fundamental que las víctimas del caso Tlatlaya y sus familiares, así como la sociedad en su conjunto, conozcan la verdad de los hechos a través de una investigación seria e imparcial, y que se otorgue una reparación integral que incluya medidas concretas para que este tipo de hechos no se repitan”, expuso Perseo Quiroz.

Finalmente, AI lanzó un llamado al Estado mexicano para evitar que las Fuerzas Armadas desempeñen funciones policiales —como detenciones, investigaciones e interrogatorios— debido a que sus miembros carecen de la capacitación adecuada y no rinden cuentas por sus actos.

Además, se debe garantizar que las Fuerzas Armadas desplegadas actúen bajo el estricto control de las autoridades civiles y que todo fundamento de violaciones a los derechos humanos sea investigado de manera efectiva.