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MÉXICO DF, 2 de julio de 2015.- Armada de valor y exigiendo justicia se presentó este jueves en el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro-Juárez, Clara Gómez González, mejor conocida como el testigo protegido del caso Tlatlaya ubicado como ‘Julia’, quien exigió justicia y que la dejen en paz, porque desde que relató hace un año como su hija Erika de 15 años fue asesinada por soldados del Ejército ha sido revictimizada constantemente por las autoridades mexicanas.
En el marco de la conferencia de prensa para presentar el Informe ‘Tlatlaya a un año: la orden fue abatir’, Clara Gómez García acusó que además fue revictimizada por las autoridades como el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quienes al día siguiente de rendir su declaración ministerial se atrevieron a asegurar que había variado su declaración, además de que se hizo en condiciones de libertad con un representante de su confianza y sin coacción, pese a no haber sido así.
«Estoy aquí para aclarar que el gobierno federal ha dicho que a mí me ha dado millones de pesos, lo que no es cierto y pone mi vida en riesgo de que me secuestren y me puedan hacer algo, eso es pura mentira, no tengo ni un peso y siempre he dicho la verdad, declaré en la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) y siempre dije la verdad, nunca me he contradicho», recalcó la mujer al advertir que es la primera y única vez que saldrá a los medios de comunicación.
Su hija no forma parte de las personas que fueran privadas arbitrariamente de la vida en Tlatlaya, Estado de México; sin embargo, no fue reconocida como víctima de una ejecución extrajudicial y desde que rindió su declaración el 7 de octubre del año pasado, ‘Julia’ cuenta con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar su seguridad, pero actualmente están en incumplimiento, por lo que tanto ella como su familia se encuentran en riesgo, sobre todo después de la revictimización por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas quien aseguró que ha recibido recursos económicos, explicó la testigo protegido.
En su breve intervención en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, insistió que tiene miedo porque su vida cambió radicalmente desde el 30 de junio de 2014, pues vive atemorizada y pasó de ser maestra rural con un raquítico pago a una víctima del estado, que emprendió la búsqueda desde Tierra Caliente para encontrar a su hija y al llegar a ella la vio morir a manos de quien se supone debe cuidar a los ciudadanos.
«Lo único que quiero es que se haga justicia y me digan por qué mataron a mi hija menor de edad, quiero justicia, no tienen perdón de Dios y quiero que se castigue a los responsables y que no quede impune como siempre queda todo, porque tenemos miedo a hablar y que te hagan algo los militares», remarcó la madre.
Según declaraciones de Clara o ‘Julia’, su hija Erika fue llevada al municipio mexiquense en contra de su voluntad por un grupo delincuencial, por lo que fue a buscarla y justo a llegar al Pueblo de San Pedro Limón presenció la masacre de las 22 personas en una bodega abandonada de Tlatlaya donde estaba su hija.