Exige diputado Hernández Soriano investigar presunto desvió de recursos

CIUDAD de MÉXICO, 16 de marzo de 2016.- El diputado Rafael Hernández Soriano consideró “el colmo de la incompetencia o, en su caso, de la complicidad gubernamental con el crimen organizado” en caso del presunto pago por casi 400 millones de pesos a un operador financiero del cártel de Juárez por servicios que nunca se prestaron para la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Por medio de un comunicado, el legislador del PRD demandó a las autoridades federales las aclaraciones correspondientes respecto a la veracidad de la información periodística que reveló esta presunta contratación de servicios, pues de confirmarse, significaría que las supuestas unidades de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Procuraduría General de la República (PGR) sirven para nada.

De acuerdo con el portal de internet Aristegui Noticias, en octubre y diciembre de 2013, dos empresas de Rodolfo David Dávila Córdova -ex Subgerente de Cambios Nacionales del Banco de México entre 1988 y 1990, ex subdirector de inmuebles de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ex convicto por lavado de dinero hasta octubre de 2010- recibieron más de 396 millones de pesos del Programa Cruzada Nacional Contra el Hambre, “el programa estrella contra la pobreza”  del gobierno de Enrique Peña Nieto.

El reportaje reproduce organigramas del Cártel de Juárez donde Dávila Córdoba aparece en el segundo nivel de jerarquía al lado de otros dos individuos, la ficha de cuando fue detenido con 740 mil dólares destinados a “lavado” en octubre de 2005, el fallo de la licitación donde una de sus empresas “fantasma” resultó ganadora para servicios a la Cruzada Nacional Contra el Hambre con participación de la Universidad Autónoma de Morelos y hasta de una constancia del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de que se le buscó en la misma cárcel para que pagara unos impuestos que adeudaba.

Para Hernández Soriano resulta verdaderamente inaudito que el gobierno federal haya contratado los servicios de un delincuente juzgado y condenado, pero además consideró una bofetada a la sociedad agraviada por la delincuencia y la inseguridad que le haya pagado por servicios que nunca se prestaron con recursos destinados a combatir la miseria y el hambre de millones de mexicanos.

“El gobierno o es un incompetente o un farsante en materia de combate a la delincuencia y la inseguridad porque abiertamente hace tratos con sus principales cabecillas. En cualquier caso, es un insulto para una sociedad que ha pagado con miles de vidas y con mucha sangre la implementación de una fallida estrategia contra la inseguridad que no se ha reducido y que sí continúa como una de las principales preocupaciones de los mexicanos”, señaló.

Además de exigir una investigación a fondo sobre estas revelaciones y la sanción correspondiente, en su caso, a los responsables de haber permitido este fraude a las finanzas públicas a manos de narcotraficantes, urgió al gobierno federal a hacer de sus “unidades de inteligencia financiera” órganos realmente eficientes en su tarea de contener el avance de la criminalidad.