Exige la CSI transparencia en negociaciones con multinacionales

MEXICO, DF., 11 de noviembre de 2014.- La Confederación Sindical Internacional (CSI) demandó a los gobiernos del mundo poner un alto a las negociaciones sobre el acuerdo de Asociación Transpacífica, criticando el secreto en el que se llevan las negociaciones actualmente y su sesgo a favor de las empresas.

Sharan Burrow, secretaria General de la CSI, afirmo que “este acuerdo comercial secreto es bueno para algunas corporaciones multinacionales, pero profundamente perjudicial para los ciudadanos comunes y corrientes y para el papel que desempeñan los propios gobiernos.

“Los intereses empresariales intervienen en la mesa de negociaciones, pero los parlamentos nacionales y otros actores democráticos son mantenidos en la sombra. Lo que sí sabemos, en su mayor parte debido a filtraciones, es que esta propuesta de acuerdo no intenta garantizar mejores condiciones de vida para las personas, sino dar un gran impulso a los beneficios que ganan las empresas multinacionales. Los gobiernos deben interrumpir las negociaciones, y no volver a abrirlas a menos que consigan un mandato público genuino y transparente en su país, que dé prioridad al interés de las personas”.

Las propuestas del acuerdo TPP incluyen disposiciones como hacer que los gobiernos se sometan a los denominados procedimientos de solución de controversias entre los inversores y el Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) en virtud de los cuales los inversores pueden demandar a los gobiernos a causa de un gran número de disposiciones públicas, incluidas las políticas medioambientales y sociales; introducir protecciones de patentes que impulsarían los beneficios de las empresas farmacéuticas, pero que pondrían medicamentos vitales fuera del alcance de millones de personas y restringir gravemente la capacidad de los Estados para formular leyes nacionales en materia de salud pública, seguridad y bienestar general mediante un capítulo de “coherencia reglamentaria”.

También hizo un llamado para impedir que los gobiernos den prioridad a objetivos de política pública a la hora de tomar decisiones en materia de contratación pública, así como imponer una serie de restricciones a la capacidad de los gobiernos para regular el sector financiero, frenando así los esfuerzos para reformar la especulación perjudicial e impedir que los gobiernos tomen medidas para mantener su balanza de pagos.

Las propuestas destinadas a la protección de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras se han topado con una fuerte resistencia de parte de algunos países, y parecen no tener en cuenta todos los Convenios de la OIT que establecen los derechos fundamentales del trabajo, o la legislación laboral subnacional (estado y provincia).

Las propuestas también omiten medidas para hacer cumplir las disposiciones medioambientales, y no tienen en cuenta la necesidad de adoptar medidas para mitigar el cambio climático.