Exigen mujeres salvadoreñas revisar sanciones al aborto

MÉXICO, D.F., 12 de agosto del 2014.- Organizaciones civiles de salvadoreñas solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dar seguimiento a la solicitud de indulto para 17 mujeres condenadas hasta con 40 años de cárcel por el delito de aborto, en su mayoría entre 15 y 30 años de edad.

Las peticionarias de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, Vanessa Coria, y la del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Lady Zuloaga, presentaron a la CIDH un panorama sobre las violaciones a los derechos de las mujeres que fueron procesadas como consecuencia de la penalización absoluta del aborto en ese país.

Según la organización ciudadana por la despenalización del aborto en El Salvador, entre el 2000 y 2011, documentó el caso de 129 mujeres procesadas por la muerte de un no nacido, de las cuales 68 fueron procesadas por el delito de aborto, 60 por homicidio agravado, y una por abandono y desamparo de persona.

Coria Castilla detalló que el delito del aborto está estipulado como tal en el Código Penal de El Salvador, el cual desde su reforma en 1997 no admite ninguna excepción ni en los casos más graves como cuando peligra la vida, la salud física y mental de las mujeres, ni cuando el embarazo es producto de violación e incesto o por incompatibilidad a la vida extrauterina.

Como consecuencia de estas leyes vigentes, en El Salvador ocurren aproximadamente 35 mil abortos inseguros al año, denunció la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos.

Uno de los casos presentados fue el de Teresa, salvadoreña de 29 años de edad, madre soltera, con un hijo de 9 años y quien trabajaba en una fábrica textil.

De acuerdo a su declaración, Teresa no sabía que estaba embarazada cuando el 24 de noviembre de 2011, sintió un fuerte dolor por lo que se dirigió a una fosa séptica y al pujar se desprendió un feto y cayó.

Debido a la pérdida de sangre, Teresa quedó inconsciente y fue su ex suegra quien llamó a una ambulancia para trasladarla a urgencias a un hospital público.

La parte médica en turno determinó que había sido un posible aborto provocado, como consecuencia llamó enseguida a la policía. Al día siguiente fue trasladada a la estación de policía a pesar de su estado débil.

Ante el Tribunal de Paz, la Fiscalía acusó a Teresa de homicidio agravado, posteriormente la sentenciaron a 40 años de prisión.

“La autopsia realizada al feto determinó que el producto del embarazo murió por la falta de oxígeno al momento del nacimiento, sin embargo el juez determinó que el embarazo había durado 10 meses, lo que es clínicamente imposible”, denunció la peticionaria Vanessa Coria durante el 152 periodo extraordinario de sesiones de la CIDH.

Manifestó que con dicha sentencia los derechos al debido proceso legal, a la presunción de inocencia y al acceso a la justicia libre de discriminación fueron violados desde el momento que fue hospitalizada hasta la ratificación de su sentencia.

Además, “se violentó su derecho de acceso a la salud”, arguyó la activista defensora de los derechos reproductivos de las mujeres en El Salvador.

Ante lo expuesto, presentó una petición a la CIDH para que pida info