Extinción de municipios no será una medida autoritaria: Segob

MÉXICO, DF, 21 de enero de 2015.- La iniciativa presidencial para extinguir poderes en los municipios no será una medida autoritaria, ya que requerirá de la intervención de los distintos órdenes de gobierno, incluida la aprobación del Senado de la República, precisó el titular del a Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, David Arellano Cuan.

“Es muy difícil concebir un mecanismo autoritario, cuando un mecanismo como el que se propone surge de datos técnicos que la Fiscalía General de la República, como órgano constitucional autónomo, va a proveer para generar indicios de que la delincuencia organizada ha infiltrado un municipio en particular”, puntualizó el funcionario de la Segob.

En este sentido explicó que luego de que el gobierno federal cuente con la información respecto a un municipio presuntamente cooptado por la delincuencia, se someterá a consideración de la Secretaría de Gobernación para que haga un análisis en el ámbito de sus atribuciones y si lo considera procedente, se llevará a consideración de la Cámara Alta.

“De forma que este mecanismo de asunción de funciones de la federación en el municipio, funcionaria sólo si el Senado de la República autoriza que así suceda”, reiteró Arellano Cuan.

Al respecto aclaró que esta medida de intervención de un municipio no se tratará de disolver el Ayuntamiento, sino de asumir las funciones administrativas por un tiempo determinado, con objetivos claros durante ese periodo para devolver finalmente el municipio a otras autoridades electas por la población en elecciones constitucionales.

“No será una medida de uso cotidiano, es una herramienta que se pretende utilizar cuando se dan ciertos supuestos de infiltración de la delincuencia en ayuntamientos y municipios”, destacó.

Por último, señaló que los supuestos en los que se podrá proceder a la anulación o intervención del municipio dispuesta por el presidente de la República será por corrupción, entrega de recursos a un grupo criminal, inclusión de funcionarios o servidores públicos en la paga de la organización criminal, impulso del grupo delincuencial para un funcionario o servidor público como candidato a algún cargo, entre otras similares.

“Esta propuesta de intervención se activaría solo cuando una de estas modalidades, que son gravísimas, en el control del municipio, existan”, concluyó el titular del a Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Segob.