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Interpol traslada a El Chato, objetivo prioritario del FBI, a CDMX
México, D.F., 5 de agosto de 2014.- Al recibir hoy la visita del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Humberto Antonio Sierra Porto, el director general del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada, dijo que el Instituto se transforma para brindar una mejor seguridad social y más digna a sus derechohabientes, informó la dependencia en un comunicado.
Agregó que “es la primera institución pública mexicana que incorpora a su Estatuto Orgánico y todos sus Reglamentos la obligación de sus servidores públicos de garantizar, proteger y promover los derechos humanos de los derechohabientes, conforme lo establece la reforma constitucional de 2011”.
El titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, acompañado por el director jurídico, Salvador Mikel y del investigador de la UNAM, Édgar Corzo, ratificó su compromiso en materia de derechos humanos y señaló que en el estatuto, vigente desde el 18 de junio, se establece la centralidad del derechohabiente y se reconocen no los derechos de madres y padres trabajadores de inscribir a sus hijos en las estancias infantiles, además que los menores sean atendidos sin discriminación alguna y se brinde atención a niños con discapacidad.
El funcionario agregó que también se reconocen los derechos de cónyuges y concubinos sin importar su sexo. Se protege a grupos vulnerables como menores, mujeres y adultos mayores, y se establecen responsabilidades en caso de que se vulnere alguno de estos derechos.
Incluso, la nueva norma reorganiza áreas y recursos para, sin causar costos adicionales a la Institución, mejorar la calidad de la atención que presta el Instituto, para lo cual, se estableció una Unidad de Mediación que habrá de contribuir a un mayor respeto a los derechos humanos de los derechohabientes.
Asimismo, dijo Lerdo de Tejada, se ha intensificado la capacitación en la materia y el combate a la discriminación, y se decidió aceptar todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que se ha traducido en una reducción significativa, en 2013, de las recomendaciones de la Comisión, las cuales disminuyeron de 14 a 3, todas ellas en ese año.