MÉXICO, DF., 25 de mayo de 2015.- El Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá concluida y dictaminada la fiscalización de las campañas políticas la segunda semana de julio, esto de acuerdo con el calendario del organismo, así lo detalló Eduardo Gurza Curiel, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

De acuerdo con el coordinador de la Unidad de Fiscalización, a partir de que se presenta el informe por parte de los partidos políticos, el Instituto cuenta con 10 días para poder presentar a los partidos políticos el “oficio de errores y omisiones”, donde se expondrán diversas observaciones y requerimientos, a los que los partidos tendrán cinco días para dar respuesta.

“En esos cinco días tenemos una reunión que le llamamos de confronta, en donde nos sentamos con los partidos políticos, les damos el derecho a audiencia y lo mismo para efecto de los candidatos independientes”, puntualizó.

Desde el 6 de junio la Unidad de Fiscalización, hará la revisión de la documentación presentado; por lo que será el 16 de junio cuando se concluya el informe de errores y omisiones a los partidos políticos; para que estos a su vez estén presentando el 21 de junio su respuesta con ajustes, justificaciones y evidencias que no hayan presentado.

Así entre el 21 de junio y el primero de julio se harán los dictámenes de todos los candidatos de las diferentes campañas tanto locales como federales, que se concluirán a más tardar el 1 de julio próximo.

A partir del 1 de julio la Comisión de Fiscalización tiene seis días para probarlo y luego para presentarlo al Consejo General, quien a su vez tendrá seis días para aprobar las resoluciones que se deriven de los dictámenes correspondientes.

“Esto quiere decir que para el día 13 de julio estará el Consejo a más tardar dictaminando las campañas políticas”, precisó Gurza Curiel.

La Fiscalización es la técnica para poder auditar, indagar, investigar, compulsar, cotejar, los ingresos y los gastos de los partidos políticos y de los candidatos independientes, para dar certeza, de los ingresos y los gastos de los partidos políticos y candidatos tienen un origen lícito.