Forja de futuros sicarios, la estrategia federal en Michoacán: El País

MÉXICO, DF, 12 de octubre de 2014.- En la nebulosa guerra mexicana contra el narcotráfico y el crimen organizado, parece estar gestándose una inusual relación estratégica entre el gobierno federal y los grupos de autodefensa que han pululado en partes del territorio mexicano en el último año, destaca el diario español El País en su edición de este domingo 12 de octubre.

Con esa asociación estratégica, el gobierno federal intenta contener el avance de Los Caballeros Templarios, que han ido más allá del tráfico de drogas y se han constituido en un grupo criminal que gobierna los mercados ilegales de Michoacán, cobrando impuestos a la población civil, destaca el artículo que firma el doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame, Guillermo Trejo.

Hay razones militares y políticas de corto plazo que explican los motivos detrás de esta inusual coalición, pero también existen razones y evidencia muy poderosas que sirven de alerta sobre las nocivas consecuencias de largo plaza de esta nueva estrategia, advierte el especialista.

En lo militar, la falta de información local ha sido el principal problema para el gobierno federal y el ejército mexicano en más de siete años de guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En esta guerra hay enormes asimetrías de información. Los cárteles y otros grupos criminales se han coludido con funcionarios que ocupan puestos clave en instituciones judiciales y de seguridad: policías judiciales y municipales, ministerios públicos y reclusorios, instituciones federales y la propia Procuraduría General de la República.

Esta colusión le ha dado al crimen organizado una ventaja estratégica que les permite resistir y evadir las embestidas federales que carecen de la información local que requiere cualquier operativo militar.

Aún ahora, después de siete años de guerra contra la delincuencia y cientos de detenciones, el gobierno en realidad desconoce con precisión el grado de penetración del crimen organizado en la sociedad y las instituciones públicas.

Por ello, explica Trejo, las autoridades federales han visto en los grupos de autodefensa una fuente vital de información local, por lo que, en abierta o velada coalición, las autodefensas serían los ojos y oídos que las fuerzas federales no tienen en Michoacán.

Al delegar parte del poder coercitivo del estado a los grupos de autodefensa, las autoridades federales intentan diluir las responsabilidades de la guerra contra el crimen organizado en la sociedad civil, pues de ese modo no serían el gobierno federal o el ejército los responsables directos de la violencia contra el crimen organizado, sino las autodefensas.

Esta estrategia de delegar capacidades coercitivas del estado a grupos civiles y de diluir responsabilidades no es ajena a la historia de México; es una estrategia que siguieron los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la larga etapa autoritaria.

En las universidades públicas los gobiernos del PRI subcontrataron a grupos de “estudiantes” organizados para vigilar y reprimir a movimientos estudiantiles de izquierda.

En el campo y en las zonas indígenas del país, el PRI subcontrató a “asociaciones civiles” campesinas para reprimir movimientos campesinos e indígenas de izquierda que demandaban la redistribución de tierras.

Estos grupos de choque fueron los que eventualmente se convertirían en los paramilitares que lucharon en contra el neo-zapatismo en el sureño estado de Chiapas.

Para las autodefensas, la coalición con el gobierno es muy atractiva, pues les da la oportunidad de convertirse en un actor clave de la reconstitución del orden político.

A diferencia de las policías comunitarias de extracción indígena del propio Michoacán y del estado vecino de Guerrero – las cuales son producto de décadas de movilizaciones indígenas y del trabajo de la iglesia católica y de laicos al frente de asociaciones de derechos humanos – estos grupos de autodefensa parecen estar financiados por grupos de profesionistas de clase media, agricultores y ganaderos que ya no están dispuestos a pagar más impuestos criminales. Se trata de grupos sin muchos contrapesos sociales que deben reclutar jóvenes sicarios de extractos humildes a cambio de buena paga.

Aunque el debilitamiento de Los Caballeros Templarios puede ser un acto de liberación social y económica para muchos sectores de Michoacán, la simple sustitución de ese orden criminal por uno en el que los grupos de autodefensa desempeñen un papel político central puede ser igualmente nociva para la sociedad.

La experiencia internacional muestra que grupos armados sin una sólida base social y sin mecanismos informales de contraloría social pueden ser particularmente violentos, como lo demuestra la experiencia de Colombia que da cuenta de los enormes costos en violaciones de derechos humanos que se pagaron cuando actores políticos nacionales decidieron entrar en una velada coalición estratégica con grupos de autodefensa civil para reconstituir el orden político local en lugares dominados por las FARC y el Cartel de Medellín.

Recuperar territorios gobernados por el narcotráfico y el crimen organizado debe ser una prioridad del gobierno, pero hacerlo en coordinación subrepticia con grupos de autodefensa, simplemente, sembrará la semilla de la violencia del mañana.

(Más en http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/20/actualidad/1390229607_176398.html.)