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MÉXICO DF, 21 de septiembre de 2014.- La fragmentación de la institucionalidad y a falta de mecanismos de articulación entre las instancias gubernamentales está revictimizando a los menores, aseguró Juan Martín Pérez, en el marco del informe Alternativo sobre la situación de garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM).
De acuerdo con los expertos en derechos de la infancia, se requiere que los gobiernos federal, estatal y municipal, trabajen de manera sinérgica a favor de niños niñas y adolescentes.
En este marco, Martín Pérez, ejemplificó el caso de una menor de edad que llega a un hospital para atender un embarazo no deseado, sin embargo forma parte de la estadística que indica que 9 de cada 10 adolescentes con hijos están fuera de la escuela, esto a consecuencia de la desvinculación entre el sector salud y la Secretaría de Educación, quien a su vez se desvincula del Poder Judicial y la Procuraduría de Justicia para conocer si hay una denuncia por violación.
«La defragmentación de instituciones para atender a la infancia, se traduce en una revictimización de niños, niñas y adolescentes en una frágil institucionalidad», expresó.
Además el informe, subraya la falta de un sistema de información único para conocer con exactitud cifras en torno a los niños frente a casos como los del albergue de Mamá Rosa, que dejaron de relieve la carente información sobre el número de menores que se alojan en estos sitios, así como los niños que están en proceso de adopción y peor aún, cuantos menores padecen de maltrato.
De acuerdo con el informe, los derechos de la infancia más trasgredidos en nuestro país destacan los de materia educativa, condiciones de vulnerabilidad por migración, secuestro, venta y trata de personas, además de desaparición forzada, tortura, violencia sexual y feminicidio.
En este marco REDIM presentará en la reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, una agenda emergente para que se atienda el derecho a la integridad personal y a no ser víctima de los delitos mencionados.