Freno a la impunidad en Pemex, exigen legisladores

MÉXICO, DF., 26 de junio de 2014.- Mientras Pemex asegura las auto asignaciones de contratos millonarios a sus filiales privadas -como Grupo PMI- están dentro del marco de la ley, legisladores de oposición aseguran que dichas operaciones son ilegales, tal como sugiere la Auditoría Superior de la Federación en su más reciente informe.

“PMI tiene un régimen de contrataciones propio, es una filial que le reporta a Pemex y ellos también se tienen que regir bajo leyes de adquisiciones, hacer informes y rendir cuentas. En ese esquema de mecanismos de contratación, de hecho, muchas veces compiten con nuestros propios proveedores para ofrecernos mejores condiciones”, señaló el director corporativo de finanzas de Pemex, Mario Alberto Beauregard Álvarez, quien afirmó a Quadratin que la auto asignación de contratos a las empresas privadas de Pemex está dentro de los márgenes de la ley.

“Sí, claro que es legal porque es una filial, lo puede hacer sin ningún problema; de lo contrario, ya nos hubieran observado ese tipo de operaciones”, agregó.

En su informe de la cuenta pública 2012, la Auditoría Superior de la Federación señala explícitamente estar en desacuerdo con la interpretación legal de Pemex para la creación de empresas privadas.

La ASF señala que la legislación mexicana “no establece un régimen de excepción para empresas de participación estatal mayoritaria directa e indirecta en el capital social, por lo que los ingresos que obtiene PEMEX por medio de las empresas filiales, así como los egresos, deben estar comprendidos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación y reflejarse en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal como parte de la operación de Pemex”.

El órgano regulador puntualiza que mientras la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece como requisito para la existencia de una empresa en la que participen de forma mayoritaria el gobierno federal o una o más entidades paraestatales, que la misma debe tener por objeto las áreas prioritarias según lo establecido en la Constitución, “Pemex interpreta que la legislación lo faculta a crear empresas privadas, cuando su objeto no sea prioritario ni estratégico”.

Para la vicecoordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, la manera en que operan las filiales de Pemex es un asunto que ha permanecido en la impunidad durante años debido a la debilidad de las instituciones mexicanas que permiten actos de corrupción.

“Pemex paga los salarios de los altos funcionarios de cada una de las filiales, pone el recurso para la inversión, incluso el cien por ciento, aun cuando se considera una inversión privada y no pública. Las ganancias que obtienen no entran a la tesorería y que se las queda PMI. Son asuntos irregulares que a través de la reforma energética quieren legalizar todo ese ciclo de filiales. Cada vez crean más instrumentos, pero todo eso es ilegal, algo que quieren legalizar. No puede ser que esto quede en la impunidad”, afirmó.

En el mismo sentido se manifestaron los diputados del PT y Movimiento Ciudadano, Lilia Aguilar y Ricardo Mejía, integrantes de la Comisión de Investigación de los Contratos Celebrados por Petróleos Mexicanos, quienes aseguran que Pemex no les ha entregado a los diputados toda la documentación necesaria para realizar una investigación a fondo sobre la situación de la paraestatal.

“Durante tantos años Pemex se volvió no solamente la caja chica del gobierno sino que hay una insistencia de casi mandarlo a la quiebra, que es el pretexto que les llevo a decir que Pemex necesitaba inversión privada y la reforma energética”, aseguró Aguilar.

“Nos parece que es una manera de simular y operar con una gran discrecionalidad y al mismo tiempo no estar sujetos a una adecuada revisión por parte de nuestros órganos de control. Por un lado a Pemex no le dejan tener capacidad de inversión, porque depende de la Secretaría de Hacienda pero también hay mecanismos que la propia empresa utiliza para sustraerse de un régimen adecuado de responsabilidad”, indicó Mejía.